Un integrante de la Asociación Civil en formación "Arco Social" denunció y pidió citar a indagatoria al ministro de Economía, Luis Caputo; funcionarios de la ANSES y varios empresarios por diversos presuntos delitos.
Alejandro Díaz Pascual se presentó ante la Justicia federal y en su escrito afirmó: "Que de conformidad con lo normado en los arts. 174 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación vengo a impetrar formal denuncia penal contra Luis Caputo, ministro de Economía; Ernesto Allaria, presidente y principal accionista de la Bolsa y Mercados Argentinos (en adelante ByMA), Nicolás Caputo, fundador y principal accionista de ByMA; Marcelo Mindlin, empresario y principal accionista de ByMA; Mariano de los Heros, director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (en adelante ANSES) y Fernando Bearzi, subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (en adelante FGS), por los delitos de uso de información privilegiada, manipulación del mercado bursátil, defraudación contra la administración pública y, respecto de quienes ostentan cargos en la administración pública, violación de deberes de funcionario público".
En esta misma línea, el denunciante agregó: "Asimismo, se debe analizar la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican".
"Que recientemente han tomado trascendencia pública una serie de maniobras vinculadas a Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), que plantean serias dudas sobre la transparencia y legalidad de las operaciones realizadas por sus principales accionistas y autoridades y deben ser investigadas por la posible utilización de información privilegiada y la consecuente afectación al patrimonio público, así como por la posible manipulación del mercado bursátil y otras irregularidades que podrían configurar delitos contra la administración pública.
Con el fin de contextualizar, es importante destacar que el 30 de diciembre de 2024, el Poder Ejecutivo, con la firma del Ministro de Economía Caputo, emitió el Decreto 1146/2024, que derogó una normativa que había estado vigente desde 1974 y que establecía un límite del 10% sobre los beneficios obtenidos por la Caja de Valores para la distribución de dividendos. Cabe destacar que esta entidad pertenece casi en su totalidad (99,97%) a ByMA. Concretamente, el decreto presidencial resuelve derogar "los artículos 4° y 5° del Decreto N° 659 del 29 de agosto de 1974".
Esto permitió la distribución de aproximadamente $120 mil millones en dividendos entre los accionistas de ByMA, bajo el argumento de desregulación y relajamiento de controles cambiarios.
En tal contexto, diversos análisis periodísticos y económicos señalaron que, en los 45 días anteriores al anuncio de la medida, el volumen de operaciones de ByMA se incrementó en más de un 500%, pasando de un promedio de $1,26 millones diarios a $ 7,91 millones diarios. Este incremento en el volumen fue acompañado por una suba del 50% en el precio de las acciones de ByMA, significativamente superior al 30% registrado por el índice S&P MERVAL en el mismo período.
Esta situación, señor Juez, deja en evidencia que ByMA poseía información privilegiada de forma anticipada relacionada a la futura firma del decreto, proporcionada por su máximo allegado político e ideador del decreto, el ministro Luis Caputo y que, con dicha información decidieron adquirir mayor participación en la compañía antes del aumento en el precio de sus acciones, generando de ese modo ganancias extraordinarias.
Además, nótese que la publicación del decreto generó un impacto inmediato en el mercado, generando que el precio de la acción de ByMA suba un 14,5%, sin embargo ByMA no activó los mecanismos de "llamado a plaza" que, justamente, ayudarían a prevenir fluctuaciones irregulares en el precio de las acciones.
Sobre este punto, corresponde recordar que el "llamado a plaza" se realiza cuando se dan oscilaciones de precios que superan los porcentajes máximos admitidos (ofertas con variaciones diarias de precios superiores al 10%, 15% y cada 5% adicional de variación), se suspende la negociación de la especie por unos minutos y se realiza un llamado a plaza, para reiniciar la negociación una vez finalizado el lapso de tiempo de la suspensión.
A partir de lo expuesto, resulta necesario indagar los motivos por los cuales, en dicho contexto, ByMA -como entidad autorregulada- no implementó estas medidas reguladas en la sección cuarta de su reglamento operativo, lo que refuerza las sospechas de manipulación.
El escenario descrito evidencia una coordinación entre los accionistas principales y las autoridades gubernamentales, reforzada por las relaciones familiares y personales entre los actores clave.
En efecto, la trama detrás de ByMA no solo involucra complejas maniobras financieras, sino también un entramado de relaciones familiares y personales que alimentan la hipótesis que aquí se sostiene, recuérdese que Nicolás "Nicky" Caputo es, justamente el primo del ministro de Economía Luis Caputo, quien suscribió la medida que favoreció directamente a sus allegados.
Esta conexión plantea, como mínimo, un conflicto de intereses evidente que no puede ser ignorado, especialmente en un contexto donde las decisiones económicas tienen impactos multimillonarios.
Los vínculos entre el poder político y los principales accionistas de ByMA demuestran que las maniobras aquí denunciadas forman parte de un lobby cuidadosamente orquestado.
Lo descrito, señor Juez, evidencia que la falta de controles y la omisión de mecanismos como el "llamado a plaza" en medio de fluctuaciones inusuales fortalecen la hipótesis de que las decisiones fueron tomadas en favor del grupo empresarial.
En suma, frente a tal escenario corresponde investigar si el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, bajo la responsabilidad de Mariano de los Heros y Fernando Bearzi, vendió su posición en ByMA antes de la publicación del decreto.
Sobre este punto, corresponde recordar que el FGS resulta ser una pieza clave que podría revelar cómo los intereses públicos y privados se entrelazan en el mercado de capitales argentino. Bajo la gestión de Mariano de los Heros y Fernando Bearzi, el FGS ha manejado importantes activos, incluyendo su participación en ByMA, no obstante ello, la posible venta de esta posición antes de la publicación del decreto ponen en duda la transparencia y la protección del patrimonio público.
Por tal motivo, si el FGS liquidó su participación en ByMA antes del anuncio del decreto, podemos afirmar que esta maniobra orquestada por Luis Caputo y las autoridades de ANSES Mariano de los Heros y Fernando Bearzi tuvieron como finalidad generar ganancias millonarias para los principales accionistas del ByMA, a costa de pérdidas significativas para los fondos previsionales.
Queda claro que, la falta de transparencia en estas decisiones y la ausencia de un marco claro de rendición de cuentas refuerzan la hipótesis de que el FGS podría haber facilitado las maniobras especulativas. Todo ello, genera la necesidad de que se investiguen no únicamente las operaciones bursátiles del FGS, sino asimismo las comunicaciones y decisiones internas que culminaron en las transacciones aquí indicadas.
En función de ello, es indispensable que se analicen las operaciones realizadas por el FGS en el mercado bursátil durante los meses previos al anuncio del decreto.
Finalmente, a partir de lo relatado, resulta fundamental que la investigación no solo se limite a analizar las operaciones bursátiles y su origen ilícito, sino que indague respecto a las relaciones entre los actores involucrados, sus comunicaciones y las decisiones que llevaron a la derogación de una norma que protegía los recursos públicos".
