Tras un fin de año donde el presidente Javier Milei prometió "más motosierra en el Estado", comenzaron a llegar los despidos en sectores tales como la Secretaría de Derechos Humanos. En este contexto, se suman despidos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que acumula una deuda millonaria, como parte de una "reestructuración" que encabeza Luis Petri.
Según informaron trabajadores agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los empleados públicos empezaron a anoticiarse de las desvinculaciones el 2 de enero por la mañana al entrar en el portal de Gestión Documental Electrónica del Estado (GDE).
ATE contabilizó 150 desvinculaciones a lo largo y ancho del país, mientras que de la cartera aseguraron que se tratan de 122 despidos. Se trata de trabajadores contratados a los cuales no se les renovó el trabajo. "Responde a ordenar y darle un volumen más criterioso al plantel de personal con que cuenta el IOSFA", indicaron voceros que responden al nuevo presidente de la obra social Roberto Fiochi.
Fiochi fue elegido en noviembre del año pasado para reemplazar al también mendocino Oscar Sagas. Formó parte del espacio liberal que responde a Petri en Mendoza e incluso fue precandidato a senador provincial en la interna de Cambia Mendoza en las últimas elecciones.
Sagás renunció a la obra social con denuncias de cortes en las prestaciones y una deuda que superaría los $90.000 millones. El ministro Petri le pidió la renuncia a Sagás por los cortocircuitos en la relación con el Directorio, que "ya era insostenible". Sectores internos atribuyen a Sagás haber quintuplicado la deuda que antes de su ingreso a la gestión era de $18.000 millones. Se trata de una de las obras sociales con más afiliados en todo el país.
Fiochi, hasta ese momento, se desempeñaba como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
Como parte de la política de Javier Milei, no sólo en IOSFA sino que también se dio con los despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y los Espacios para la Memoria, los libertarios cerraron el año desvinculando a una parte de personal público.
En este sentido, desde IOSFA indicaron que la intención es "respetar la política del Gobierno nacional de achicamiento del Estado" y de esta manera "volverlo más eficiente". "(Queremos) mejorar en parte la situación económica-financiera del Instituto", aseguraron en declaraciones para El Cronista.
Desde ATE indicaron que los despidos se dieron en la Policlínica Actis Sede Central y el Hotel Antártida Delegación Bahía Blanca, Misiones, Tucumán, Córdoba (hoteles) y Bariloche. El gremio aseguró que la reducción de personal no mejoraría las cuentas de la obra social porque se trata de salarios muy bajos. Además, denunciaron que los trabajadores despedidos en su mayoría estaban con carpeta psiquiátrica por condiciones de salud particulares.
En este sentido, también se trató de empleados que llevaban más de 10 años dentro de la obra social y que aún se encontraban en situación de contratados. "No hay ninguna justificación, son totalmente arbitrarios, han tomado decisiones a la bartola. Para el Estado somos descartables", indicó la delegada de ATE en Córdoba, Marcela Fabiana Chávez, en diálogo con El Cronista.
Según indicó Chávez, los empleados que entraron a verificar su situación de despido notificaron que el aviso llegó a las 20 horas del día 31 de diciembre. "Creemos que fue una decisión al azar y de último momento", indicó.
Como parte de su plan de reforma del Estado y los profundos cambios que Milei viene incorporando para el empleo público de Nación, sobre el cierre del 2024 el Gobierno publicó dos nuevos decretos para reformar las normas de contratación en este ámbito.
Se trata de los decretos 1148/2024 y 1149/2024, publicados el último martes del año en el Boletín Oficial con los cuales buscan "optimizar" la estructura estatal bajo el paradigma de ajuste y eficiencia promovido por el Presidente y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Las normativas disponen una nueva regla de "un alta por cada tres bajas" a la hora de contratar a un nuevo empleado en la Administración Pública Nacional (APN). Según el Gobierno, el objetivo de esto es "propender al mantenimiento de una planta de personal que se adecúe razonablemente a las estructuras y necesidades del Sector Público Nacional".
El Decreto 1148/2024 establece una prohibición general a las nuevas contrataciones en el Sector Público Nacional, afectando tanto a las plantas transitorias como los servicios profesionales contratados bajo régimen autónomo.
Según el texto del decreto: "Quedan prohibidas las designaciones y contrataciones de personal en las entidades del Sector Público Nacional bajo cualquier modalidad, incluyendo contratos transitorios y servicios profesionales autónomos".
