El Gobierno nacional recibió en las últimas semanas cuatro pedidos de intervención a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de parte de la oposición a la conducción de ese gremio -uno de los que mayor cantidad de afiliados tiene en todo el país-, que actualmente es presidido por José Voytenco. Las acusaciones son de irregularidades en la conducción sindical y en los manejos de fondos.
Se trata de una información que fue publicada primero por el portal especializado InfoGremiales y que fue reconocida tanto por fuentes gubernamentales como por mismos dirigentes de la UATRE, en donde se mantienen en alerta ante cualquier pedido de intervención que pudiera prosperar de parte de la Casa Rosada.
"Somos conscientes de que esas presentaciones llegaron a la Secretaría de Trabajo", afirmaron desde el gremio rural. Desde la cartera laboral explicaron que no es posible intervenir de facto un sindicato sin antes presentar una denuncia judicial, pero que esta puede ser presentada por un individuo, agrupación o la misma Secretaría.
Esta última posibilidad está en evaluación. La Secretaría de Trabajo está recabando actuaciones y distintos documentos que podrían mostrar irregularidades. "Y si se lo considera conveniente, el Gobierno puede avanzar en una denuncia; pero la intervención la hace la Justicia", confirmaron a El Cronista fuentes libertarias.
El titular de UATRE, José Voytenco
Los documentos de Movimiento de Recuperación de la UATRE piden designar un delegado normalizador hasta que culmine la investigación en trámite ante la Justicia Federal contra Voytenco. Como antecedente clave, la Secretaría de Trabajo había dejado sin validez el último Congreso Ordinario del gremio.
La Casa Rosada y la UATRE de Voytenco ya tuvieron encontronazos. No hay que irse muy lejos para encontrar antecedentes. En agosto del 2024, Javier Milei intervino la obra social de ese gremio, OSPRERA, la segunda más grande del país con cerca de 650.000 afiliados.
Después de varios vaivenes judiciales, con un revés que pidió la reincorporación de la anterior cúpula directiva, finalmente se publicó otro decreto en noviembre que colocó a Marcelo Petroni como el líder de proceso de normalización al que fue sometido la obra social, en la que se detectaron una serie de irregularidades.
Esta decisión se dio por varios aspectos, en particular dos: en primer lugar, acusaron que la deuda financiera que acarrea la obra social (de $43.949 millones hasta marzo de 2024) pone en peligro la sostenibilidad de la entidad; en segundo, indicaron que presenta enormes irregularidades administrativas y años de falta de información necesaria como para funcionar como agente del sistema de salud.
En esa oportunidad las áreas intervinientes fueron la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y el Ministerio de Salud.
Además de Trabajo, habría otras áreas que siguen el caso de la posible denuncia e intervención. En la mesa chica de Javier Milei manifestaron no estar siguiendo ese tema, pero quien llevaría el caso es el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, quien -en rigor- cumple el rol de armador nacional del partido nacional de La Libertad Avanza y responde directamente a Karina Milei. Desde ese lado dijeron desconocer cualquier iniciativa.
Vinculado a este tema, por el lado de Voytenco se quejan de que son todas excusas para "agarrar la caja sindical y su capilaridad territorial" en el marco de las elecciones de este año. "Quieren tener a los delegados de todo el país", afirman. El gremio tiene más de 700.000 afiliados.
