Tal como adelantó El Cronista días atrás, el Gobierno oficializó este viernes la disolución de la Administración General de Puertos (AGP), la compañía cargo de la operatividad del Puerto Buenos Aires y la Vía Navegable Troncal (mejor conocida como Hidrovía).
El anuncio lo hizo el vocero Manuel Adorni en sus redes sociales: "Se disolvió la Administración General de Puertos, antro de corrupción y privilegios. La nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) concentrará sus funciones y las de otros organismos, ganando así en eficiencia y transparencia además de lograr menores costos".
El otro organismo apuntado, trascendió, es la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, área que depende de la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía. Ambas pasarán a confluir en la ANPYN.
Sobre el nuevo funcionamiento del área, el funcionario agregó que "se eliminarán entes y áreas con idénticas funciones, se reducirá un 79% del personal y se venderán inmuebles y activos innecesarios".
Además, en relación a la cúpula directiva de la AGP, Adorni confirmó que será "completamente removida".
La decisión, detalló el vocero, responde al plan de reducción del gasto público que impulsa el oficialismo desde su llegada al poder.
"Las funciones administrativas y de regulación eran competencias de la Subsecretaría de Puertos, mientras que los recursos los tenía la AGP. El cambio tiene sentido cuando se entiende que ahora ambas cosas van a estar juntas", explicó en diálogo con este diario un funcionario libertario.
La idea es que la nueva agencia tenga todo el peso del rol regulatorio, de control y planificación de las vías navegables y los puertos. Hasta hace algunos meses, el Gobierno ya había disuelto el Ente Nacional de Control de la Vía Navegable (ECOVINA) y traspasado sus funciones a la subsecretaría que está a cargo de Iñaki Arreseygor.
Según el último informe de Dotación publicado por el INDEC, la AGP englobaba hasta octubre un total de 588 trabajadores. Según comunicaron voceros oficiales, estos serían transferidos en su mayoría a la nueva agencia gubernamental. Aun así, todavía se está ajustando el organigrama y la estimación de personal necesario.
La decisión de disolución terminó por acelerarse cuando, semanas atrás, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), a cargo del abogado Diego Chaher, logró convertir trasformar a la AGP de una Sociedad del Estado (S.E.) a una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.), lo que facilitaba su manipulación para una eventual privatización. Se optó, finalmente, por reducir el aparato burocrático en un solo ente.
