A partir del 1 de enero de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recuperó la posibilidad de iniciar juicios o imponer trabas por incumplimientos tributarios a los contribuyentes.
Esta medida había sido suspendida durante el Gobierno de Alberto Fernández y había sido prorrogada por la extitular de la exAFIP, Florencia Misrahi. Sin embargo, entró en vigor nuevamente a través de la Resolución 1445/2024 del Ministerio de Economía publicada a fines de diciembre.
La disposición, que solo exceptúa a entidades sin fines de lucro o empresas de salud, deja a un amplio grupo de contribuyentes expuestos a un embargo en sus cuentas por incumplimiento de sus obligaciones.
De todas formas, cabe aclarar que la norma extiende la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud hasta el 31 de julio de 2025.
De acuerdo con la nueva resolución, volverían los juicios y embargos del fisco contra los contribuyentes que se estén en mora respecto de sus obligaciones.
La normativa del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social también establece que podrán regularizarse las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024.
Esto incluye las multas y demás sanciones firmes originadas en infracciones cometidas hasta dicha fecha, relacionadas o no con esas obligaciones, así como los intereses resarcitorios y/o punitorios.
De esta manera, quedan alcanzadas:
La norma extiende la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud.
Entre los considerandos de la resolución se destaca la persistencia de las circunstancias particulares que atraviesan ambos sectores, las que motivaron la implementación de la medida inicialmente en enero de 2024.
ARCA, entonces, deberá definir los parámetros para la aplicación de la medida a entidades sin fines de lucro, mientras que para el sector salud, se considerará la información proporcionada por el Ministerio de Salud.
Esto busca brindar "alivio a dos sectores clave para el desarrollo social y económico del país", permitiéndoles afrontar sus obligaciones fiscales en un contexto más favorable.