El intendente de Hurligham, Damián Selci, junto con la Federación de Mutuales para la Defensa del Consumo, demandó semanas atrás al Estado Nacional, AySA, y otros, buscando la nulidad del Decreto 465/24 y la Resolución 9/24, argumentando que imponen tarifas irrazonables y afectan derechos de los usuarios.
La justicia concedió la medida cautelar y ordenó que AySA deje de cortar el suministro de agua por falta de pago de facturas emitidas bajo las tarifas cuestionadas, protegiendo a los usuarios hasta que se resuelva el caso de fondo.
En la resolución, el juez Marcelo Gradín señala que "(las) circunstancias ameritan la adopción de una medida interina y urgente hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, en aras de la protección de los intereses de los consumidores más vulnerables".
Y continúa: "resulta inadmisible que se estipule, como penalidad, suspender el suministro de agua a una familia cuando no tiene recursos para hacer frente al servicio ni obtener esa sustancia de fuente alternativa".
El juez Gradín respaldó los argumentos de la municipalidad en relación a la necesidad de proteger los derechos de los usuarios frente al impacto de las tarifas cuestionadas.
La resolución argumenta que las tarifas afectan derechos constitucionales como el acceso al agua, considerado un derecho humano esencial. Como el caso involucra al Estado Nacional, el juez remitió las actuaciones a la Justicia Federal.
