El Juzgado Federal N°1 le ordenó al Gobierno de Javier Milei que deberá abonar un extra de casi $ 300.000 a las titulares de esta prestación, compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que aplica a un grupo de mujeres.
Distintas organizaciones, como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), realizaron una denuncia por la falta de pago y el tribunal a cargo decidió fallar a su favor. Por lo que, el Ministerio de Justicia deberá regularizar la situación de este adicional.
El Gobierno deberá regularizar el pago del Programa Acompañar con sus respectivos aumentos. Pese a que voceros informaron a El Cronista que el cobro se "realizó en tiempo y forma", las denuncias se hicieron efectivas y la Justicia falló a favor de las querellantes.
Las liquidaciones deberán realizarse bajo los incrementos del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) con estos ajustes:
El Ministerio de Justicia deberá liquidar el Programa Acompañar luego del fallo a favor de la querella.
Sin embargo, como las titulares cobran a mes vencido, las actualizaciones se verán a los 30 días y las titulares solo se podrá cobrar el extra durante un semestre.
Las organizaciones de derecho humanos denunciaron que, en 2024, el Plan Acompañar ha registrado sólo 434 nuevas altas. Esta cifra fue informada por la directora ejecutiva de la ELA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según los datos presentados, de las 2462 solicitudes recibidas entre enero y marzo de 2024, únicamente se aprobaron 434. De esta forma, la directora de la organización recalcó que el Gobierno no tiene su foco puesto en políticas de género y advirtieron estas restricciones podrían dejar a muchas víctimas desprotegidas.
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Este programa está destinado a las mujeres e integrantes del LGTBQ+ que padecen violencia de género. El programa pertenecía al Ministerio de Capital Humano y, en la actualidad, lo tomó la cartera de Justicia.
La aprobación se realiza luego de una entrevista con la solicitante en la unidad de acompañamiento más cercana. Durante ese proceso, se determina la situación del aplicante.
El Programa Acompañar se ajusta acorde al salario mínimo.
Sin embargo, las titulares vigentes no deberán presentar una denuncia para cobrar, pero tendrán que acreditar su situación de riesgo mediante un informe social emitido por el organismo de su residencia.
Previo a efectuar los pagos, el Ministerio de Justicia llevó a cabo una validación de datos para confirmar que las beneficiarias continúan en situación de vulnerabilidad social y que mantienen la titularidad de la cuenta bancaria asociada a la prestación.
El Gobierno lanzó también otros cambios mediante el Decreto 755/2024. La principal novedad fue la reducción de la cantidad de cuotas de seis a tres pagos, aunque el monto equivalente al sueldo básico se mantendrá.
