Economía quiere que la inflación de enero esté por debajo del 2%. Para lograrlo, autorizó una corrección mínima en los precios regulados, como las tarifas de servicios públicos y combustibles.
Los incrementos que se aplicarán el próximo mes son muy inferiores a cualquiera de los aumentos autorizados durante 2024.
El Ejecutivo avaló un aumento del 1,6% en distribución eléctrica (luz), y del 1,8% en combustibles y gas. Los economistas denominan a estos precios como "regulados", ya que requieren aprobación del Estado. En el caso de luz y gas, por autorización de sus reguladores (Enre y Enargas).
En combustibles, las petroleras -encabezadas por YPF- tienen libertad para decidir sus importes. Pero la dirección de YPF trata de ir en sintonía con Economía, y el resto de las compañías siguen a la empresa estatal, ya que es la que tiene mayor participación de mercado.
La política de YPF viene siendo acompañar el "crawling peg", que es el ritmo de devaluación mensual del peso frente al dólar. Durante 2024, el Gobierno decidió que fuera de un 2% mensual. Por eso, el aumento de la petrolera de enero está en esa línea.
Economía viene anunciando que buscará disminuir el "crawling peg" para llevarlo a una zona más cercana al 1% durante 2025.
En los servicios públicos, Energía decidió que los aumentos de gas sean algo superiores a los de distribución eléctrica (luz) durante todo el verano. El consumo de gas se hunde desde noviembre a marzo, y los clientes casi no miran sus facturas en estos períodos. El Gobierno quiere aprovechar para que los hogares paguen el costo total del servicio que reciben, aunque los usuarios lo verán más hacia mayo-junio que ahora.
Un hogar promedio del AMBA gasta cerca de $ 70.000, sin subsidios, en sus necesidades energéticas y agua. Es un 400% más que hace un año, según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios.
En electricidad, los hogares de altos ingresos (denominados N1) ya pagan el 93% del costo del servicio que reciben a través de sus facturas. En gas, esa cobertura -para ese mismo segmento- es del 88%. En agua es del 100%.
El Gobierno está mirando a los sectores denominados N2, de bajos ingresos. Hay 1,7 millones que estaban anotados en esa categoría, pero les faltaba documentación. El Estado necesita comprobar que la situación patrimonial de esos hogares justifica que sigan teniendo grandes descuentos.
En el caso de la luz, las boletas de estos hogares solo cubren un cuarto de los costos, mientras que en gas alcanzan un tercio. El resto lo subsidia el Estado.
También están los hogares de "clase media" (ingresos superiores al $ 1 millón, pero inferior a los $ 3,5 millones), que también tienen descuentos de hasta el 60% en relación al costo de los servicios que consumen.
El Ejecutivo encontró inconsistencias en el registro de subsidios (RASE). En cada categoría -ingresos altos, medios y bajos- hay miles de clientes mal anotados, o cuyos datos no se condicen con otros registros del Estado. El Banco Mundial otorgó un crédito de u$s 1.000 millones para ayudar al Gobierno a subsanar esta situación.
