El Gobierno nacional habilitó nuevamente la posibilidad de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inicie juicios o imponga trabas por incumplimientos tributarios a los contribuyentes. Exceptuó solo a entidades sin fines de lucro o empresas de salud.
Esta posibilidad estaba suspendida, pero, ahora, a través de la Resolución 1445/2024 del Ministerio de Economía publicada este viernes; entró en vigor nuevamente.
Sin embargo, la norma extiende la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud hasta el 31 de julio de 2025.
La extitular de la exAFIP, Florencia Misrahi, había dispuesto entonces mantener el período de gracia, que ya venía desde el anterior gobierno, como producto de la crisis económica.
Pero a partir a partir del 1° de enero de 2025, de acuerdo con la resolución nueva, volverían los juicios y embargos del fisco contra los contribuyentes que se estén en mora respecto de sus obligaciones.
La normativa del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social, establece que podrán regularizarse las obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive, las multas y demás sanciones firmes originadas en infracciones cometidas hasta dicha fecha, relacionadas o no con esas obligaciones, así como los intereses resarcitorios y/o punitorios.
La resolución original, que vencía en julio de 2024, se prorrogó en dos ocasiones.
La norma extiende la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud.
Entre los considerandos de la resolución se destaca la persistencia de las circunstancias particulares que atraviesan ambos sectores, las que motivaron la implementación de la medida inicialmente en enero de 2024.
ARCA, entonces, deberá definir los parámetros para la aplicación de la medida a entidades sin fines de lucro, mientras que para el sector salud, se considerará la información proporcionada por el Ministerio de Salud.
Esto busca brindar "alivio a dos sectores clave para el desarrollo social y económico del país", permitiéndoles afrontar sus obligaciones fiscales en un contexto más favorable.
