En los últimos meses, no faltó oportunidad para que el CEO de cualquier automotriz argentina advirtiera que su mayor temor, la llegada de automotrices chinas a la región, ya era una más que cercana realidad.
Una de esas amenazas tiene un nombre en concreto: BYD, uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos e híbridos del planeta, que está construyendo en Brasil su mayor planta fuera de China.
El lunes, el complejo, ubicado en el Estado de Bahía, fue noticia porque el Gobierno brasileño detectó a 163 trabajadores chinos en estado de semi-esclavitud, según denunciaron los funcionarios que hicieron el operativo.
Este jueves, esta historia sumó un nuevo capítulo: Jinjiang Group, la contratista de BYD a cargo de la obra, declaró que la descripción de las autoridades brasileñas de sus empleados como "esclavizados" era inconsistente con los hechos y que había malentendidos de traducción.
Las autoridades laborales de Brasil habían asegurado que encontraron a 163 ciudadanos chinos trabajando en "condiciones similares a la esclavitud" en una obra en construcción para la fábrica que BYD está haciendo en el complejo de Camacari, Bahía, donde Ford produjo la EcoSport hasta 2021, cuando puso fin a su operación industrial en Brasil. Allí, la automotriz china invierte u$s 605 millones.
Ni bien se supo la noticia, BYD dijo que había cortado vínculos con la empresa que contrató a esas personas y que estaba colaborando con el Gobierno.
Sin embargo, este jueves, a través de su cuenta oficial de Weibo -la "X" de China-, Jinjiang aseguró: "Ser calificados injustamente de 'esclavizados' ha hecho que nuestros empleados sientan que su dignidad ha sido insultada y sus derechos humanos violados, hiriendo gravemente la dignidad del pueblo chino. Hemos firmado una carta conjunta para expresar nuestros verdaderos sentimientos".
Por su parte, el director general de Marca y Relaciones Públicas de BYD, Li Yunfei, compartió el comunicado en su propia cuenta de esa red. Según reprodujo la agencia Reuters, acusó a "fuerzas extranjeras" y a algunos medios de comunicación chinos de "difamar deliberadamente a las marcas chinas y al país, y de socavar la relación entre China y Brasil".
BYD está construyendo la planta con una capacidad anual de 150.000 vehículos, inicialmente, para Brasil, su mayor mercado de ultramar. Su objetivo es iniciar producción en la primera parte de 2025 y, de esa forma, anticiparse a la suba de aranceles sobre vehículos eléctricos importados, del 18% actual al 35% que empezará a regir en julio de 2026, una medida que aplicó el Gobierno de Lula para incentivar la producción local de ese tipo de vehículos.
El miércoles, el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, aseguró que su embajada en Brasil estaba en comunicación con la Cancillería brasileña para verificar la situación y gestionarla.
Según la contratista, Jinjiang, hubo "problemas de traducción" y "diferencias culturales" que habían conducido al episodio y que las preguntas de los inspectores brasileños habían sido "sugerentes".
También, publicó un video en el que se veía a un grupo de operarios chinos ante la cámara. Uno de ellos leía una carta que, según la empresa, habían firmado conjuntamente todos.
La misiva precisaba que 107 trabajadores habían entregado sus pasaportes a la empresa para que les ayudara a solicitar un documento temporal de identidad en Brasil. Así, buscaron refutar uno de los argumentos de los inspectores laborales: que la compañía había retenido los pasaportes de su personal.
"Estamos muy contentos de venir a Camacari a trabajar", dijo en el video un hombre chino, no identificado.
"Hemos estado cumpliendo las leyes y los reglamentos, trabajando duro durante este periodo, con la esperanza de que la construcción del mayor prooyecto de vehículos de energía nueva de Brasil pueda completarse lo antes posible", añadió, en el testimonio que citó Reuters.