Cuando los colegios electorales cierren en todo Estados Unidos el martes por la noche, se espera que un ejército de activistas republicanos ponga en marcha un plan en el que han estado trabajando durante meses: impugnar legalmente los resultados que perjudican a Donald Trump a nivel local, estatal y federal.
A diferencia de lo que ocurrió después de las elecciones de 2020, cuando los esfuerzos para alterar el resultado de las elecciones fueron aleatorios y se extendieron entre distintos grupos de presión, el Partido Republicano ha prometido "pelear por cada voto legal" de manera coordinada, presentando denuncias por registros ilegales, supresión de votantes e irregularidades de procedimiento.
El partido tiene previsto desplegar 230.000 voluntarios, incluidos muchos abogados, en "cada estado en disputa" para controlar presuntos casos de fraude. "Espero que intenten complicar las cosas si pueden", declaró Jerry Goldfeder, director del proyecto de democracia y derechos electorales de la facultad de derecho de Fordham.
La campaña de Kamala Harris ha formado su propio equipo de pesos pesados, incluido el ex abogado de la Casa Blanca Dana Remus, para combatir los intentos de interferencia electoral en caso de una derrota por un estrecho margen de Trump.
Los intentos de forzar el recuento manual completo de las papeletas en varios estados han sido en gran medida infructuosos, pero, como en 2020, los aliados de Trump estarán atentos a las irregularidades en el recuento de votos en los colegios electorales del país.
El complejo mosaico de leyes electorales en EE.UU., en el que el registro, los procedimientos de recuento y la tecnología cambian de unos estados a otros, e incluso en los condados vecinos, hace que sea más fácil denunciar irregularidades.
Hubo 50 millones de estadounidenses que votaron antes del día de las elecciones, por lo que ya circulan rumores sobre la autenticidad de las firmas en las boletas de papel, el fraude en el voto en ausencia, las boletas enviadas por correo sin fecha y la votación duplicada. Estas acusaciones no han prosperado en su gran mayoría.
El Comité Nacional Republicano y grupos afiliados han presentado decenas de demandas argumentando que los inmigrantes ilegales no habían sido eliminados de los registros electorales, a pesar de que hay pocas pruebas que apunten a que hayan votado.
El Instituto de Diálogo Estratégico advirtió esta semana que los posts en las redes sociales de personas que aseguran ser ciudadanos extranjeros que han votado en las elecciones estadounidenses han obtenido millones de visitas en X y "parecen ser parte de un intento para engañar a los votantes" sobre la magnitud de esta práctica.
El propio Trump ya ha hecho acusaciones de "trampa" en un estado tan importante como Pensilvania y miembros de su campaña denuncian una "supresión de votantes" en el estado, porque una oficina de registro para las papeletas de voto por correo cerró sus puertas mientras los votantes todavía hacían cola.
Después de la votación, la pregunta será "si hay acusaciones creíbles de que no se ha contado un número suficiente de votos legales o se han contado votos ilegales para alterar el resultado de la elección", sostiene Nate Persily, un experto en derecho electoral de Stanford.
En los años transcurridos desde la derrota de Trump en 2020, decenas de funcionarios electorales locales se han negado a certificar los resultados de las elecciones en sus distritos, alegando fraude electoral. Desde entonces, varios tribunales han reiterado que los administradores a nivel de condado no tienen discreción para detener la certificación y la ley federal otorga la máxima autoridad a los gobernadores estatales para ratificar los resultados antes del 11 de diciembre.
Los gobernadores de Arizona, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Carolina del Norte son todos demócratas, mientras que los gobernadores republicanos de Georgia y Nevada han reconocido que Joe Biden ganó las últimas elecciones y han resistido a las presiones para proclamar la victoria de Trump.
No obstante, los negacionistas electorales siguen ocupando puestos cruciales a nivel de condado en Pensilvania, Georgia, Arizona y otros lugares, según Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, un grupo pro democracia que ha prometido demandar a quienes se nieguen a certificar el resultado.
Incluso si no se consigue obstruir o retrasar la certificación, "si los funcionarios electorales de ese condado afirman que "intentamos investigar el fraude electoral y las irregularidades y no pudimos hacerlo", eso puede servir de pretexto para rechazar el resultado electoral", asegura Nikhel Sus, consejero adjunto de Crew.
En enero de 2021, varios congresistas republicanos y ocho senadores intentaron retrasar o frustrar la certificación de los resultados en el Capitolio -el último paso del proceso electoral estadounidense- alegando falsas denuncias de fraude electoral generalizado.
Desde entonces, la ley se ha reforzado para impedir prácticamente que los legisladores interrumpan la certificación del resultado. Antes, un solo senador y un solo congresista podían aliarse para plantear una objeción, mientras que ahora deben estar de acuerdo una quinta parte de la Cámara de Representantes y una quinta parte del Senado y ambas cámaras tienen que respaldar cualquier objeción para que se interrumpa el proceso.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que estuvo entre los congresistas que se opusieron a las victorias de Biden en Arizona y Pensilvania hace cuatro años, ha prometido respetar la ley tras las afirmaciones de los demócratas de que podría salir de nuevo en defensa de Trump en enero.
No obstante, como ha advertido Richard Pildes, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Nueva York, si el Congreso intenta frustrar el proceso, "no está claro si los tribunales federales intervendrían para hacer cumplir la ley".
