La resolución dictada hace un mes por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía que obliga a los municipios a quitar sus tasas de las boletas de servicios públicos sigue su camino en los tribunales y cada vez son más los intendentes que la han desafiado con éxito y han conseguido medidas cautelares.
Luego de que el ministro de Economía Luis Caputo denunciara como abusivo al mecanismo de recaudación que utilizan buena parte de los distritos del Conurbano, la Secretaría a cargo de Pablo Lavigne emitió una resolución que prohibió a los intendentes cobrar tasas municipales dentro de las boletas de servicios públicos.
Los jefes comunales, que afirmaron haberse convertidos en chivos expiatorios del Gobierno, comenzaron a recurrir de manera mayoritaria a la Justicia y, luego de la primera medida cautelar en favor de Pilar, los fallos han sido siempre en favor de los municipios.
Además de Federico Achaval, consiguieron medidas suspensivas Mariel Fernández (Moreno) y Julio Zamora (Tigre). También se presentaron ante los tribunales los intendentes de San Fernando (Juan Andreotti) y de San Martín (Fernando Moreira).
En las últimas horas se conoció, por otra parte, la resolución en favor de Quilmes, el municipio que conduce Mayra Mendoza. El escrito firmado por el juez federal Luis Armella, dice que "más allá del juicio de valor que se pueda predicar" respecto del cobro de las tasas dentro de los servicios públicos, "lo cierto es que el cese de este procedimiento o modalidad de percepción, es susceptible de afectar derechos y obligaciones allí contenidas"
Indicó también que "traería aparejada la reestructuración antes dicha, cuestión que no sería posible de implementarse frente al exiguo plazo, perturbando ello el ingreso de recursos propios del Municipio".
Fragmento de la resolución judicial que suspende lo ordenado por Industria
La mencionada resolución de la Secretaría de Comercio fue refrendada por dos documentos publicados en el Boletín Oficial en los que los órganos de control del servicio Eléctrico y del Gas (ENRE y ENARGAS, respectivamente) han salido a prohibir el cobro de cualquier monto ajeno a la función específica.
Sin embargo, los municipios, casi sin excepción, han delegado la percepción por el alumbrado público en las empresas prestadoras.
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"Se pretende garantizar el derecho a la información del consumidor destruyendo un dispositivo recaudatorio esencial de las municipalidades. Ya hay un convenio que le da origen a este mecanismo, y no se puede desarticular por un reglamento. Si se hace, se incurre en responsabilidad patrimonial", señaló a El Cronista un especialista en Derecho Administrativo que trabaja en uno de los municipios afectados.
En ese sentido y en el mismo sentido del fallo que beneficia a Quilmes, el letrado comentó que si hoy se sacara el mecanismo de cobro de Tasas en las boletas, "es imposible cobrar para la municipalidad y tampoco lo cobra la distribuidora".
