Mientras el presidente Javier Milei consiguió sostener su veto a la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional, 24 centros de estudiantes de Universidades en todo el país mantenían las institucionas tomadas. ¿Qué números les da Javier Milei a la educación en las provincias?
La ley, informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), habría generado un impacto fiscal de $ 735.598 millones, lo que implica el 0,14 % del PBI, por lo que desde el Gobierno creen que, al igual que sucedió con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, "atenta" contra el equilibrio fiscal.
Según consta en el documento del presupuesto para el año próximo, el Gobierno le asignó $3,8 billones a las 65 universidades nacionales que tiene la Argentina ($3.800.000.000.000), mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pide $7,2 billones para poder funcionar.
El presupuesto que contempla el Poder Ejecutivo establece la diferencia de los distintos montos otorgados a las Universidades, primera está la Universidad de Buenos Aires (UBA) con unos $657.951.600.636.
Le siguen: la Universidad Tecnológica Nacional, con $259.409.053.162; la Universidad Nacional de La Plata, con unos $249.227.476.753; la Universidad Nacional de Córdoba, con $243.045.005.370; la Universidad Nacional de Rosario, con $180.032.949.027 y la Universidad Nacional de Tucumán, con $171.111.567.027.
Para dar un ejemplo de las diferencias, la Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT) recibirá el 0,02% del presupuesto universitario 2025: la UBA el 17,3% y la UNC el 6,4%.
Por último, en el artículo 27 del Presupuesto 2025 establece que en el marco de la emergencia pública declarada por el artículo 1º de la Ley Bases se suspende para el Ejercicio 2025 el cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias.
Dicha norma establece que el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional y que el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación no debe ser inferior al 6% del PBI. Si bien la coincidencia es que no es un piso que se respetara en la práctica, no deja de ser un horizonte ideal que se pone en pausa con los poderes arrogados por el Congreso al Ejecutivo.
Además, en el Presupuesto 2025, el artículo 17 establece que las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. "El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma", reza el artículo.
