El Gobierno presentó en tiempo el presupuesto para el año 2025. La proyección es que se mantendrá el superávit financiero el año próximo con ingresos recaudados por la Nación algo superiores a los de 2024 medidos en porcentaje del PBI y gastos similares. Como la economía se proyecta que crezca 5% en términos reales, se prevé que ingresos y egresos aumenten por encima de la tasa de inflación en algo más del crecimiento proyectado.
Las proyecciones de ingresos prevén reemplazar el impuesto PAIS, que aportaría 1,1% del PBI en 2024, por mejoras en otros impuestos. Por ejemplo, se prevé aumentar la recaudación del impuesto a las ganancias en 0,7% del PBI, meta que parece factible luego de la reducción aprobada en el mínimo no imponible. Sin embargo, el Tesoro solo obtendrá el 40% de ese aumento, ya que el resto se reparte entre las 24 provincias. También se esperan mayores recursos por el impuesto a los combustibles, lo que requerirá aumentos del gravamen unitario bastante por encima de la tasa de inflación para terminar de recuperar lo perdido durante el gobierno anterior, que decidió no aplicar la indexación del impuesto aprobada en 2017. Si se cumple la proyección del presupuesto, los ingresos por este impuesto (0,7% del PBI) volverían en 2025 a los niveles de 2019.
Banco Central de la República Argentina
En cambio, parecen algo optimistas las mejoras proyectadas en la recaudación de derechos de exportación y de los recursos de la seguridad social. En el primer caso, aún si se concreta una mejora en los precios internacionales y una buena cosecha, la previsión de 1,4% del PBI parece difícil de alcanzar. En cuanto a los recursos de la seguridad social, se prevé pasar de ingresos del 5,1% del PBI en 2024 a 5,6% en 2025, lo que supone mejoras importantes en los salarios reales y en el empleo formal.
Sin embargo, como el Gobierno es demasiado optimista con la inflación proyectada para 2024 y 2025, la recaudación en pesos nominales se logrará, pero el superávit se obtendrá por una reducción en el poder adquisitivo de los gastos que no tienen ajuste automático por inflación. No parece que sea necesario recurrir a la regla fiscal.
De todas maneras, el diseño de la regla fiscal no es bueno porque, apartándose de la práctica internacional reciente, no se protege a los gastos de capital ante un faltante de ingresos. Además, se trata de una regla procíclica: una causa habitual de menores recursos es el bajo crecimiento económico, y un ajuste fiscal en ese contexto probablemente agravaría la caída. Ambas preocupaciones no serían relevantes para el gobierno: por un lado, ha reducido fuertemente la inversión pública y, por el otro, aplicar una política anticíclica requeriría acceso al crédito o reservas importantes.
En los egresos se mantiene la reducción en las partidas lograda en 2024, que sumó alrededor de 5% del PBI. Hay alguna reasignación hacia jubilaciones y gastos en personal, que se espera compensar con una baja adicional en el déficit de las empresas públicas. El subregistro de los intereses capitalizables sería inferior al superávit proyectado, con lo cual se volvería a obtener un superávit genuino.
En el presupuesto 2025 se proyecta un superávit en el comercio de bienes y servicios del orden de u$s21.000 millones. Sin embargo, con precios internacionales que no recuperen lo previsto por el Gobierno y la respuesta natural de las importaciones a la recuperación de la actividad, el resultado sería entre u$s8.000 y u$s10.000 millones menor. Para compensarlo, el gobierno necesita financiamiento externo.
El blanqueo, que será bastante exitoso, generará reservas brutas en la medida en que el dinero blanqueado termine en depósitos en los bancos, pero no reservas netas. En otras palabras, el BCRA podría utilizar esa liquidez de forma temporal, pero no es una solución estructural. Los préstamos en dólares a exportadores permiten adelantar el ingreso de divisas, pero no generan un ingreso adicional relevante, ya que en gran medida reemplazan financiamiento externo que los exportadores hubieran tenido que lograr de todas maneras.
La segunda opción es el RIGI, pero su efecto pleno se vería recién en 2026 y, además, el efecto neto para la economía será menor a los montos de inversión brutos, en la medida en que una parte se erogue en bienes de capital no fabricados en el país.
La tercera opción son los Repos, que probablemente sean de un monto mayor a lo previsto en los medios periodísticos. Luego aparecen opciones con costo político, como la posible eliminación parcial o total del dólar blend que hoy gozan los exportadores, aunque esto requeriría una compensación vía depreciación del tipo de cambio oficial, lo que afectaría temporalmente los índices de inflación debido a la necesidad de ajustar los precios de la energía. Además, aumentaría la brecha cambiaria, lo que también podría contaminar los precios y afectar negativamente las expectativas.
Finalmente, están las opciones de recurrir al FMI, lo que requeriría un nuevo acuerdo, o de lograr algún préstamo bilateral.
Puede concluirse que el gobierno tiene opciones para resolver el problema externo del año próximo, pero algunas de ellas implican costos políticos importantes.
