Este miércoles, ya se oficializó la norma que declara "sujeta a privatización" a Aerolíneas Argentinas, tal como anunció el Gobierno la semana pasada.
Esto se da en el marco del conflicto gremial que la gestión de Javier Milei sostiene con los trabajadores de la aerolínea de bandera por los reclamos salariales, el cual en las últimas semanas produjo cancelaciones y demoras en vuelos a raíz de paros y asambleas de los sindicatos del sector.
La medida se publicó en el Boletín Oficial a través del Decreto 873/2024, con las firmas del presidente Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El decreto argumenta que la empresa tiene un déficit crónico desde su reestatización en 2008 y que, según el Gobierno, la privatización permitirá que opere bajo criterios de "eficiencia comercial" y en "un ámbito de competencia en igualdad de condiciones" con las demás aerolíneas.
De aprobarse en el Congreso, el cual ahora deberá tratar esta cuestión con celeridad, la privatización se llevará a cabo de acuerdo con la Ley N° 23.696 de reforma del Estado.
El artículo 9° de esta, en el que se basa el decreto de este miércoles, marca que "la declaración de 'sujeta a privatización' será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso".
Así, en base a esta ley, el Gobierno solicitó que se trate como "trámite parlamentario de preferencia" al proyecto para privatizar, total o parcialmente, a Aerolíneas Argentinas.
Para proceder "a la privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional", es requisito obligatorio previo declarar a la entidad como "sujeta a privatización", por lo que se trata del primer paso del Gobierno en este sentido.
Esta novedad surge luego de que la Cámara de Diputados abriera la semana pasada el debate sobre los proyectos de privatización de la aerolínea, en busca de que la iniciativa baje al recinto pronto.
Cabe señalar que la posibilidad de privatizar la empresa ya se debatió este año en el Congreso como parte de la Ley Bases, pero el Gobierno no consiguió el consenso para avanzar con este punto.
El DNU de este miércoles cita el mega decreto 70/2023 con el que Milei comenzó su camino de desregulación estatal, donde se expresó que "la política aeronáutica argentina ha limitado fuertemente el desarrollo de la industria aerocomercial, pilar fundamental no solo de su integración federal, sino fundamentalmente del desarrollo económico y turístico".
A raíz de esto, de la mano del ahora ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, se inició "un amplio programa de transformación del sistema nacional de transporte en general y aéreo en particular" en el que se enmarca la declaración de Aerolíneas como sujeta a privatización.
Las razones principales que justifican la privatización de Aerolíneas Argentinas, según el Decreto 873/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se pueden resumir en los siguientes puntos:
El decreto argumenta que, a pesar de los esfuerzos del Estado y la disminución de los aportes, Aerolíneas Argentinas mantiene un grave déficit que imposibilita su funcionamiento en condiciones de libre mercado.
Además, menciona que, en los últimos 18 años desde su reestatización, "la empresa presentó marcadas pérdidas, las cuales fueron mitigadas a través del aporte del Tesoro Nacional con el fin de garantizar la continuidad operativa".
El DNU critica la presunta ineficiencia de la empresa y señala que los empleados mantienen importantes beneficios, como pasajes gratis y descuentos, que contribuyen a empeorar la situación económica.
Además, se compara la estructura de Aerolíneas con otras compañías de la región, donde resalta el "sobredimensionamiento" de la misma con un promedio de 125 empleados por aeronave, a diferencia de empresas como Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL") y la Compañía Panameña de Aviación S.A. ("Copa Airlines"), que operan con 97 y 70 empleados por aeronave, respectivamente.
El decreto enfatiza la necesidad de una política de crecimiento basada en el entendimiento de la situación económica actual, el estado de las cuentas públicas y la previsión en los gastos e inversiones futuras.
Así justifica el DNU la decisión de comenzar con el proceso de privatización de Aerolíneas: "Cuando se le da la espalda al equilibrio fiscal y al cuidado de las cuentas públicas, los resultados son por demás conocidos y quienes más sufren son los que menos tienen".
"Que, en ese sentido, la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa", remarca.
Así, según el Gobierno, el objetivo principal "es la emisión monetaria cero para eliminar la crisis inflacionaria", lo que incluye la venta de la aerolínea de bandera.
Se resalta la difícil situación socioeconómica del país, con un 52,9% de la población en situación de pobreza y un 18,1% en la indigencia. El decreto argumenta que, en este contexto, el Estado debe destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los más necesitados.
Se afirma que el Tesoro Nacional no está en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de millones de pesos provenientes del esfuerzo de los ciudadanos.
Se plantea que la privatización de Aerolíneas Argentinas S.A. permitirá que la empresa opere bajo criterios de eficiencia comercial y genere un ámbito de competencia en igualdad de condiciones.
Se menciona la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo económico del país. Se espera que la privatización mejore la prestación del servicio y que los ciudadanos dejen de financiar el déficit de la compañía.
El decreto se enmarca en un contexto más amplio de políticas de apertura económica y desregulación impulsadas por el gobierno. Se menciona el Decreto N° 70/23, que declaró la emergencia pública en materia económica y dispuso un programa general de desregulación de la economía. Se hace referencia a la Ley N° 27.742, que promueve la transparencia y la máxima concurrencia en los procesos de privatización.
