El gobierno de Javier Milei continúa con su intención de llegar a los 70 mil despidos en su primer año de gestión. Según adelantaron fuentes del Ejecutivo a El Cronista, ahora posan la mira sobre las empresas públicas porque su privatización puede acercar a los libertarios a sus objetivos iniciales de llegar a este número.
En ATE contabilizaban hasta el momento un aproximado de 28.000 personas cesanteadas. Javier Milei ha dicho en declaraciones públicas que ya hubo más de 30.000. El número es impreciso, pero fue el propio Presidente quien afirmó durante marzo que el objetivo era dar de baja 70.000 contratos para fin de año.
Fuentes del Gobierno nacional indicaron a El Cronista que es difícil llegar al número de 70 mil que se había propuesto el presidente Javier Milei. Sin embargo, afirman que hay una única posibilidad para acercarse a esa cifra: con varias privatizaciones de empresas públicas, que no están incluidas dentro de la Administración Pública Nacional centralizada.
Según el último informe de Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) son 209.760 los empleados de la Administración pública nacional hasta agosto.
Sin embargo, a eso hay que sumarle los 100.263 empleados que dependen de las empresas públicas del Estado. Entonces, los empleados de empresas públicas representan un tercio del total de la plantilla de trabajadores públicos.
En este sentido, el informe indica que 93.695 de estos empleados son los que se encuentran bajo el convenio que regula la actividad que desempeñan, solo 5.663 están fuera del convenio y 905,bajo otras modalidades de contratación.
Según explicaron fuentes gremiales a El Cronista, los empleados de empresas públicas se encuentran por lo general en planta permanente y hay un menor porcentaje de contratados o monotributistas en sus dotaciones.
En vísperas del fin de una nueva poda masiva en la administración pública nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó a cabo masivas protestas simultáneas en todas las dependencias del Estado por el riesgo sobre 65 mil contratos de trabajadores públicos que se vencían el 30 de septiembre. También convocó a un paro el miércoles 2 de octubre, en sintonía con la nueva marcha universitaria.
Frente a las primeras notificaciones el jueves y viernes de la semana pasada, ATE realizó ayer protestas y asambleas simultáneas bajo distintas modalidades desde las 10 en todos los organismos para frenar la eventual tercera ola de despidos del Gobierno nacional.
En este marco, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló: "La destrucción del empleo en el Estado se profundiza y así se desmantelan políticas públicas vitales. La clase media y los sectores más vulnerables pierden derechos esenciales". Para el dirigente, entre lo que el Presidente piensa y lo que realmente "le pasa a la gente" hay "un abismo de distancia":
"Quienes gobiernan no tienen ni idea de los padecimientos del pueblo. Solo así se explican las risas en la Casa Rosada mientras se anuncia el 53% de pobreza. El show que armaron en Parque Lezama no frena el rechazo de la gente a la actual gestión. Esto va a terminar muy mal", afirmó.
Desde el gremio señalaron que las cesantías llevadas a cabo en lo que va de la gestión hay organismos clave afectados. Estos organismos son cruciales para "garantizar derechos para los sectores más vulnerables de la población como el ministerio de Capital Humano".
Las tres empresas más grandes, y que se encontraban dentro de la Ley Bases y Puntos de Partida original son: Operadora Ferroviaria, Banco Nación, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas. La primera tiene 23271 empleados; el BNA, 17.418; Correo Argentino, 12.738 y Aerolíneas Argentina suma 11.386.
Aunque el Correo, Nación y Aerolíneas fueron removidas, ambas empresas ya fueron apuntadas por el Ejecutivo nacional y en todas ellas se iniciaron procesos de retiros voluntarios. El gobierno apuesta fuertemente con la privatización de Aerolíneas Argentinas a partir de un proyecto del PRO y otro de la Coalición Cívica y anunció que la declara sujeta a privatización por decreto.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, arquitecto de la reducción del Estado, apuntó contra la empresa aérea en pleno conflicto con los empleados que reclaman una recomposición de salarios desde diciembre. El mismo proceso está viviendo Intercargo SAU, a la que se le quitó su exclusividad operatoria y cuenta con 1.588 empleados.
