El Presidente se apersonó en el Congreso para presentar el presupuesto del 2025. La relevancia que su administración le da a la ley de leyes se reforzó con un discurso en el que nuevamente definió al déficit fiscal como el origen de los problemas del país. La novedad es que ahora busca impulsar el equilibrio financiero como nueva regla fiscal para Argentina. Esto significa que cada año el saldo positivo entre ingresos y gastos debe ser suficiente para cubrir el pago de los intereses de la deuda pública.
El compromiso quedó plasmado en el primer artículo del proyecto de ley presentado a los legisladores. Sin embargo, surge la pregunta: ¿será suficiente? En una economía con una moneda débil y sin acceso al financiamiento, ordenar las cuentas públicas es el único camino viable. Contar con una regla fiscal acorde a esta situación es una medida útil, ya que ordena las expectativas e institucionaliza las prioridades del gasto.
Banco Central
A pesar de ello, las leyes no son más que consensos políticos que varían en el tiempo. En 2017, la mayoría de los gobiernos provinciales firmaron un pacto fiscal con la Nación, que en 2020 quedó sin efecto. Ejemplos como este demuestran que una ley no garantiza compromiso fiscal.
En la historia reciente del país, ya se han aprobado otras reglas fiscales. En 1999 se sancionó la ley de convertibilidad fiscal, aún vigente pero prácticamente inactiva. En 2001 se sancionó la "ley de déficit cero", que fue inconstitucional. En 2004 se aprobó la ley de responsabilidad fiscal, que aún sigue vigente.
Este breve repaso subraya que una ley no es garantía de compromiso fiscal. Además, el presidente vetó una ley que modificaba el pago de jubilaciones, aprobado por la oposición. El pago de haberes es el principal gasto público y se denomina automático. Aquí surge la primera duda de la nueva regla fiscal: si se podrá ajustar para cumplir con sus objetivos.
La relevancia del ajuste en las jubilaciones es evidente. Este año, la caída en los haberes jubilatorios contribuyó significativamente al superávit primario, representando el 30% del ajuste fiscal hasta agosto. Mientras tanto, partidas discrecionales como la obra pública y las transferencias a las provincias cayeron un 79% y 73%, respectivamente, explicando el 24% del ahorro fiscal.
Las diferencias en torno al gasto en jubilaciones ponen de manifiesto que aún no se ha alcanzado un consenso sobre cómo deben asignarse los recursos. Por ello, aunque se apruebe la nueva regla fiscal, podría caer en desuso, como ocurrió con las anteriores.
Finalmente, a pesar del acompañamiento político y social actual para equilibrar las cuentas públicas, el Gobierno enfrenta el reto de transformar este apoyo en un cambio estructural. La recesión económica y el ajuste fiscal ya están generando descontento en diversos sectores de la sociedad.
