El presidente Javier Milei armó una inédita puesta en escena en el Congreso para presentar el Presupuesto 2025. Su objetivo fue magnificar la necesidad de contar con superávit fiscal como ancla del programa de estabilización, y esperar que esa promesa sea leída por los inversores como un cambio que blinde el rumbo económico para siempre. Pero el jefe de Estado debe tener en cuenta que la Argentina es, como país, un incumplidor serial y por lo tanto, lo que diga una ley puede volverse letra muerta sin siquiera tener que derogar su contenido. En consecuencia, la tarea que evaluarán los agentes económicos no es la arquitectura teórica del proyecto elaborado por el Ejecutivo, sino su capacidad real para hacerlo aprobar y ponerlo en marcha.
Lo primero que va a notar quien repase el discurso presidencial, o revise el mensaje que acompaña el Presupuesto, es que hay un salto voluntarioso entre el presente y el deseo de obtener resultados positivos el próximo período. En el medio, no hay definiciones. Solo se pueden deducir algunas intenciones, como la expectativa de que el tipo de cambio oficial y la inflación consigan perforar el ritmo de 2% mensual que marca la política actual. La meta incluida en el texto marca para diciembre de 2025 una inflación anual de 18,3%, y un dólar de $ 1207 a fin de diciembre 2025. Sobre el flujo de divisas necesario para sostener esa proyección, la posibilidad de obtener fondos extras a través del FMI o la continuidad de las restricciones cambiarias, habrá que esperar. No hay que perder las esperanzas de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se anime a poner sobre la mesa algo más cifras a la hora de defender el texto en el Congreso.
Por lo pronto, los primeros beneficiarios del esquema propuesto van a ser los tenedores de deuda. El Presidente sostuvo en su discurso que si el superávit fiscal que se obtenga inicialmente es transitorio, los recursos se destinarán a recomprar deuda para bajar el riesgo país y mejorar el perfil financiero. Solo cuando el superávit sea estructural, ese saldo será aplicado para la reducción de impuestos. Es una deducción que surge del mensaje, que seguramente amargará las esperanzas de sectores productivos, como el agro y la industria.
La regla fiscal que Milei propuso ayer (que deberá ser incluida en la ley de Administración Financiera) determina que el nivel de superávit primario deberá ser el necesario para cubrir los vencimientos de deuda, sin contar las tenencias intra sector público. La norma respetará los gastos indexados y forzará el recorte de los gastos discrecionales cuando los ingresos no sean suficientes. En otras palabras, la motosierra se volverá permanente. Pero esta vez lo deberá decidir el Congreso.