Pese a la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo de prohibir a los municipios la aplicación de tasas y recargos en los servicios públicos, alertan que podrían seguir cobrándolos por lo que no significaría un ahorro en el bolsillo de los contribuyentes.
Tras las controversias que generó la Resolución 267/2024 con firma de la Secretaría de Industria y Comercio que dirige Pablo Lavigne, en especial entre los intendentes kirchneristas, el ministro Caputo tuvo que salir a aclarar cuál era el objetivo por medio de un video grabado.
"¿Por qué? Porque el ciudadano del municipio que sea, La Matanza, Lanús, cuando paga la tarifa de luz o cuando va a cargar nafta a la estación de servicio, no sabe que ese aumento en realidad no viene del Gobierno Nacional, sino del intendente", afirmó el ministro en la red social X.
Así, el objetivo político de la medida, en un contexto de subas de tarifas (meta del 0,7% de recorte de subsidios económicos en 2024) y del combustible es que no se asocie el número total -que incluía las tasas y recargos- al Gobierno Nacional.
Pero la Resolución no obliga a que se deje de cobrar, sino que presiona a cambiar la forma en que se hace. "Lo que le está diciendo es, señores intendentes, hagan su esfuerzo de cobrar", declaró el titular de la Organización No Gubernamental (ONG) Lógica, Matías Olivero.
Con ello, reveló que la medida que tomó esta semana el ministro Caputo no impide a los intendentes cobrar la tasas y recargos, sino que los expone a hacerlo por su cuenta. Por lo que mantener el nivel anteriores ingresos dependerá de la eficiencia de cada administración.
"Lo normal en cualquier país es que la empresa prestadora del servicio de energía, por ejemplo, mande la boleta con el discriminado del importe por ese servicio y a renglón seguido lo que es el IVA correspondiente a ese servicio", remarcó.
Una situación que, comentó, cambio a partir de la una ley de la provincia de Buenos Aires que fijó que al servicio privado se le sume el de la localidad. "Se subió una tasa que no tiene nada que ver con lo que es el consumo de la propia boleta. Después se enamoraron de ese sistema y te empezaron a cargar otros servicios que ya nada tienen que ver", aseguró.
Pero en la agenda del Gobierno hay otra medida, complementaria, con fecha próxima: el 1º de enero de 2025, según lo que estableció la Ley 27.743, se tendrá que visualizar en los tickets el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás nacionales indirectos que inciden en el precio.
Esta semana, en medio de la vorágine del blanqueo de capitales y el adelanto de Bienes Personales, existió una reunión entre autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la organización Lógica que impulsó la iniciativa y se puso a disposición de cara a la reglamentación.
Sobre la cual aún no se conoce la letra chica, pero sí que la premisa es que sea "simple" y como modelo de referencia se tiene sobre la mesa el caso de Brasil (Ley 12.741) en donde se visualiza el valor aproximado de ocho impuestos.
"No hay que ser exacto, hay que ser aproximados porque el cálculo es complejo y no te llevas un pago a cuenta de los impuestos. Es para llevar concientización: es importante que la gente sepa que no son cero", destacó Olivera en conversación con El Cronista.
