Tras la prohibición del cobro a las provincias y municipios de tasas y recargos en los servicios públicos, el equipo del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo trabaja en una nueva medida en materia impositiva que se implementaría el año que viene.
Desde hace semanas que el titular de Hacienda tiene a los intendentes en la mira por la suba de tasas. Una estrategia a la que han recurrido en varias gestiones municipales, en especial las kirchneristas, para financiar la caja frente a los recortes de la coparticipación, pero que va en contra de la meta inflacionaria.
"¿Por qué? Porque el ciudadano del municipio que sea, La Matanza, Lanús, cuando paga la tarifa de luz o cuando va a cargar nafta a la estación de servicio, no sabe que ese aumento en realidad no viene del Gobierno Nacional, sino del intendente", afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.
De forma complementaria y de cara al año que viene, en el Gobierno se encuentran trabajando en la implementación de una iniciativa que se aprobó en la Ley 27.743: el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. "Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales (...) deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios, el cual deberá estar acompañado de la leyenda "PRECIO SIN IMPUESTOS"", establecieron en el artículo 99.
En medio de la vorágine por el blanqueo y el pago adelantado de Bienes Personales, este lunes las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibieron la organización Logica que impulsó la iniciativa y se puso a disposición de cara a la reglamentación.
La cual deberá llevarse a cabo en los próximos tres meses y medio por parte del organismo que lidera la abogada Florencia Misrahi, dado que, según lo que estableció el artículo 99 de la ley, entrar en vigencia desde el 1º de enero de 2025.
Como modelo de referencia en la mesa está el de Brasil (Ley 12.741): en donde se expone en el ticket el valor aproximado de la totalidad (ocho) de los impuestos federales, estaduales y municipales, cuya incidencia influye en la formación de precios.
"No hay que ser exacto, hay que ser aproximados porque el cálculo es complejo y no te llevas un pago a cuenta de los impuestos. Es para llevar concientización: es importante que la gente sepa que no son cero", destacó Olivera.
Hasta el momento no se habría definido como sería el sistema de la Argentina, aunque sí está la precisa en AFIP de que tiene que ser "simple". Pero todavía queda una cuestión clave: lograr la adhesión de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
"Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios", fijaron en el artículo 99.
Una convocatoria que, hasta el momento, no tuvo demasiado éxito. Según pudo saber este medio, tras la sanción de la Ley se envió invitaciones a las 24 gobernaciones y solo se avanzó en algunos distritos -algunos con proyectos propios-.
