En un contexto de conflicto entre el Gobierno nacional y los gremios aeronáuticos, diputados del PRO presentaron un proyecto para declarar "servicio esencial" a la actividad aerocomercial e impedir la paralización del sector. En rigor, son varios los proyectos impulsados por LLA y sus aliados para limitar la actividad gremial en línea con el DNU 70/2023 de Javier Milei que declaraba la esencialidad y la importancia trascendental en varios rubros pero fue suspendido por la Justicia.
La semana pasada, por un conflicto salarial, se vio afectada la salida de vuelos de Aeroparque, Ezeiza y otros aeropuertos. En este contexto, dos diputadas, Laura Rodríguez Machado, de PRO y aliada a Bullrich, y Pamela Verasay, del radicalismo mendocino, presentaron un proyecto para evitar que se pueda repetir una medida de fuerza de manera similar.
"Los que venimos del interior sabemos que la suspensión de un vuelo implica esperas de reprogramaciones que pueden tardar días. Es hora de que podamos legislar en favor del bienestar de cada uno de los argentinos", explicó Rodríguez Machado que es, además, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
Sin embargo, la actividad aerocomercial no es la única que tiene un proyecto en el Congreso Nacional y que podría afectar la actividad gremial. En concreto, son tres los proyectos presentados en el Palacio Legislativo que apuntan a restringir la actividad gremial, en particular en el sistema educativo, el transporte público y dentro de una amplia reforma laboral.
La principal es la presentada en el Senado por el PRO, Cambio Federal y La Libertad Avanza en marzo bajo el número de expediente 0208. Allí los senadores se suman al DNU 70/2023 diseñado por Federico Sturzenegger donde se incorpora una distinción entre servicios esenciales y trascendentales estableciendo un porcentaje de cobertura mínima que, en un caso será del 75% y en el otro del 50%.
Además, se pliega palabra por palabra a las actividades que son protegidas por el capítulo laboral en el mega DNU suspendido por la Justicia.
En su DNU, el Presidente definía como servicios esenciales a las actividades que iban desde servicios sanitarios y hospitalarios al transporte y distribución de medicamentos. Pero incluso iba más allá e incluía entre las actividades esenciales o trascendentales a las actividades productivas para la economía.
El proyecto define como esencial la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica. En esta misma línea, también están incluidas las telecomunicaciones y la provisión de internet; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; las actividades vinculadas al balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques; servicios aduaneros y migratorios, y demás rubros relacionados al comercio exterior. Así como también "el cuidado de menores y la educación hasta el nivel secundario".
Finalmente, se clasifica como actividades de importancia "trascendental" a la producción de medicamentos; transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo; radio y televisión; actividades industriales; industria alimenticia; materiales de construcción; servicios bancarios, financieros y gastronómicos y la producción de exportaciones.
En una votación por 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones, el proyecto de ley que declara la educación como servicio esencial presentado por el exministro y actual diputado del PRO Alejandro Finoccchiaro tuvo media sanción en agosto pasado. El legislador preside también la comisión de Educación y contó con el aporte de la UCR, la Coalición Cívica e Innovación Federal.
La iniciativa legislativa fija que en caso de declararse paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. Luego, ese porcentaje se incrementa al 50% si se extiende la medida de fuerza. Además establece que las autoridades deben tener una "nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento" de esta medida.
Otro proyecto clave en el Senado en este sentido había sido presentado el 11 de marzo por los legisladores de la UCR Martín Lousteau y Maximiliano Abad y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri. En este expediente número 0216, los senadores pretenden establecer a la educación como "servicio público esencial, a la educación, en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio público esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades".
Con este proyecto, los senadores buscaban garantizar un mínimo de 75% de asistencia del personal docente y no docente que deba cumplir sus funciones en establecimientos educativos de la educación obligatoria. Además, proponen establecer el cumplimiento de la cantidad "mínima" de días de clase fijado por el Consejo Federal de Educación y las jurisdicciones en cada año lectivo.
En esta misma línea está el proyecto presentado por los senadores de LLA Bartolomé Abdala e Ivana Arrascaeta. El texto, titulado "Proyecto de ley sobre educación como servicio esencial" incluye pasajes como la declaración del servicio esencial en "todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar".
El proyecto, liderado por el PRO, entró a Diputados de la mano de legisladores que gestionaron la provincia de Buenos Aires como Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal.
"La presente ley se fundamenta en la necesidad imperiosa de poner fin a los abusos y extorsiones perpetrados por ciertos sectores sindicales, los cuales, amparados en la fragilidad del sistema de transporte público, han convertido a la ciudadanía en rehén de sus intereses espurios", afirmaron los diputados.
De esta manera, dejaron claro que la medida radica en declarar al transporte público como recurso esencial con el objetivo de "poner fin a los paros seudo exitosos que perjudican gravemente a la sociedad argentina".
Sin embargo, advirtieron que la medida "no busca coartar el legítimo derecho de los trabajadores a realizar medida de fuerza" sino "garantizar que estas medidas se llevan a cabo de manera responsable y sin perjuicio a tercero".
"Al establecer la prestación mínima del servicio de transporte público, estaremos asegurando que los paros sean efectivos y no se conviertan en meros actos de vandalismo y extorsión", aseguraron.
