Los borradores fueron y vinieron. Circularon por la computadora de un abogado cuyo escritorio desborda de papeles porque "acá", dice, "se labura". La mano del profesional, de línea directa con Federico "Coloso" Sturzenegger, ya se vio en la Ley Bases. Su impronta jurídica -marca registrada a nivel local e internacional- también está en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
El RIGI -"riji", "rigui" o "rishi", según quién lo mencione- es, más allá de cómo se lo pronuncie, la sigla mágica que ilusiona a los grandes estudios corporativos de la Argentina, que volvieron al juego que más los entusiasma: el de las inversiones.
"Después de la sanción de la Ley Bases, el interés que había por la Argentina pasó a ser trabajo", asegura Santiago Carregal, chairman de Marval. Con 311 abogados, es el estudio más grande de la Argentina. Trabajó en la unión global de BHP y Lundin para los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol y, desde el mes pasado, lo hace para la planta de GNL de YPF y Petrobras. El RIGI es determinante en ambos. "Todo lo relacionado con energía y minería se agilizó con el RIGI. Se acelerará en los próximos meses y lo veremos en 2025", vaticina.
El proyecto de YPF con Petronas le da trabajo a varios. Además de Marval, participan Martínez de Hoz & Rueda (MHR) y el estudio local de los malayos, Bruchou & Funes de Rioja. También, Cassagne Abogados, que cubre los aspectos de Derecho Administrativo. Para entrar a la mayor inversión de la historia argentina (u$s 50.000 millones), Marval finalizó su relación con la noruega Golar, para quien hizo el acuerdo con Pan American Energy de exportación de GNL. MHR fue el asesor de PAE. El nuevo estudio de Golar es Nicholson y Cano.
"Estuvimos 10 años atendiento el teléfono rojo. Ahora, suena. Pero para inversiones. Volvimos a trabajar de abogados de negocios", celebra Santiago Nicholson, socio de NyC. "El RIGI destrabó todo", afirma.
Ya hay proyectos anunciados. Como el de TGS: u$s 700 millones para ampliar la capacidad del Gasoducto Kirchner, en el que trabajan los abogados de sus accionistas: Salaverri, Burgio y Wetzler Malbrán (Pampa Energía) y Bruchou & Funes de Rioja (Grupo Sielecki). Pero lo cierto es que "toda inversión por encima de los u$s 200 millones querrá encuadrar en el RIGI: es el 'microclima' de un país normal", define Diego Serrano Redonnet, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Pagbam).
La restricción a ocho sectores -foresto-industria, turismo, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía y petróleo y gas- exige la creatividad de los estudios. "Damos servicios: somos petróleo y gas", clamaron en proveedora de esa industria para que su abogado encuentre cómo aplicar. Grandes siderúrgicas y constructoras miran con cariño el término "infraestructura". "Vamos a ir por ahí", sugiere un influyente de la industria automotriz acerca del camino que tomarán las terminales: presentar sus inversiones como tecnológicas. CEOs como Martín Galdeano (Ford) y Martín Zuppi (Stellantis y Adefa) remarcaron la importancia de que el sector pueda calificar, al menos, en las mismas condiciones que algún inversor nuevo del exterior (¿chino?). Renault reconoció que el RIGI le dio un nuevo impulso a una postergada inversión de 300 millones de euros en Córdoba. Stellantis lo analiza para el plan de u$s 400 millones que definió hasta 2027. Adefa, la asociación de fabricantes, no resigna su intención de entrar en el régimen.
La exclusión de los agronegocios fue una gran frustración. Un ambicioso proyecto -de riego, en la Patagonia- se cayó por inviable sin los beneficios del RIGI. Otra gran inversión orientada al campo se está reformulando con algún atractivo turístico, gracias a la inclusión de ese sector, un gol del Pichichi, Daniel Scioli.
"El RIGI es la ley de promoción de inversiones más sólida que tuvo la Argentina en toda su historia", no duda José Martínez de Hoz, de MHR. Enumera: beneficios impositivos, estabilidad tributaria y regulatoria, libre disponibilidad de divisas y de movimiento de capitales, y un marco de resolución de disputas fuera de la Justicia local. "No existió nunca eso en la Argentina", enfatiza. "Es como haber salido de shopping", grafica Nicolás Eliaschev, de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani.
"Es la primera vez, también, que un proyecto así busca comprometer a las provincias", retoma Martínez de Hoz. Esto tiene su porqué. "Que haya un régimen nacional y otro provincial, por más iguales que sean, duplica trámites y, fundamentalmente, autoridades de aplicación. Nadie quiere correr ese riesgo", se sincera un abogado que participó muy activamente en su redacción. Se lo explicó, con estos mismos términos, a Axel Kicillof antes de que YPF hiciera oídos a la mayoría de los players de Vaca Muerta y eligiera Río Negro por la renuencia del Gobernador a su adhesión.
La gran incógnita del régimen es cómo se estructurarán los "vehículos de propósito único" que exige. Es decir, la sociedad a través de la cual se canalizará la inversión, cómo se inyectarán los fondos y, fundamentalmente, cómo se retirarán los dividendos. Será otra tarea más para los Abogados de la City.
