Tras el escándalo por irregularidades en contrataciones de Nación Seguros, por la que fue imputado el expresidente Alberto Fernández, el Gobierno derogó este jueves el DNU 823/21 que abría una vía legal para que pudieran concretarse ventas de pólizas a organismos estatales con sobreprecio.
El Decreto 747/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei, dio marcha atrás con las modificaciones realizadas a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. que permitían ese tipo de contrataciones.
Los nuevos cambios, impulsados por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que viene inspeccionando toda la documentación relacionada con las contrataciones de seguros, puso fin a la directiva que el 2 de diciembre de 2021 firmaron el entonces jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el Ministerio de Economía, Martín Guzmán.
La norma dispone en su artículo 1 que se deroguen los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21, que obligaban a contratar pólizas de seguros proveídas por el Estado. Además, el Gobierno revisará los fondos que han sido destinados al pago de contratos y convenios actuales y pasados.
La Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales en donde el Estado posea una participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias tendrán un plazo de 30 días para proveer a la Jefatura de Gabinete de la Nación y al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado la documentación requerida.
Para evitar contrataciones que pudieran ser beneficiosas para un tercero a futuro, el decreto estableció que se considerará que hubo una "ventaja, beneficio o preferencia" por parte de las organizaciones vinculadas al Estado si se detectaran criterios de selección favorables para una entidad en particular. Lo mismo ocurrirá con aquellos acuerdos que pudieran cerrarse de manera directa entre las partes, los cuales deberán ser sometido a un proceso de selección mediante licitación o concurso de tipo público o privado.
Asimismo, el decreto indica que "no se considerará que existe una ventaja, beneficio o preferencia en los contratos y convenios interadministrativos de provisión de bienes o servicios cuando el único proveedor disponible sea una jurisdicción o entidad del Sector Público Nacional".
Por otro lado, se fijó un plazo para que aquellos ministerios y demás organismos que todavía tuvieran pólizas vigentes fruto de la normativa del DNU impulsado por el exmandatario pudieran concretar las bajas de los mismos.
Todas las entidades señaladas tendrán un año para poder finalizar los acuerdos. En simultáneo, instaron a que convoquen nuevos procesos de selección que garanticen la competencia y la transparencia respecto de las postulaciones para brindar bienes y/o servicios.
En este contexto, se dispuso que la Oficina Nacional de Contrataciones sea la entidad encargada de gestionar y revisar las nuevas contrataciones que pudieran surgir a partir de haber entrado en vigencia el decreto 747/2024.
