El fiscal Ramiro González, a cargo de la investigación por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, rechazó el pedido de la defensa para trasladar la causa a la Justicia de San Isidro. En su resolución, González destacó que el expediente debe continuar en los tribunales federales de Comodoro Py, subrayando la complejidad del caso y la necesidad de un abordaje prudente.
El fiscal desestimó el planteo de "incompetencia" territorial formulado por la defensa de Fernández, que argumentaba que los hechos denunciados ocurrieron en la Quinta de Olivos, bajo jurisdicción de San Isidro. Sin embargo, González sostuvo que "el relato revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica y desigual de poder", lo que imposibilita delimitar la jurisdicción de manera estricta.
González añadió que "el tiempo, el contexto y las formas violentas de ejercicio de poder que han sido denunciadas no pueden asignarse, de momento, a un enclave geográfico único y determinado". Por ello, consideró que declarar la incompetencia territorial sería "prematuro", ya que aún no se han esclarecido los hechos ni definido el objeto procesal del caso.
El fiscal concluyó que, en esta etapa de la investigación, la causa debe seguir bajo la competencia del juez federal que la lleva adelante, para evitar que un cambio precipitado de jurisdicción entorpezca la pesquisa y aumente el riesgo de revictimización.
En paralelo, Fernández presentó un pedido para prohibir la difusión de sus fotos y videos en medios convencionales y digitales. Según informó La Nación, el expresidente argumentó que la divulgación de estas imágenes vulnera "el derecho a la privacidad" y afecta la "integridad de los derechos del niño", incluyendo a sus hijos. La medida cautelar, dirigida tanto a medios tradicionales como a plataformas digitales como Google y Facebook, se tramita en el fuero Civil y Comercial Federal.
