La Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO continúan el debate de 28 proyectos que buscan expandir la reforma laboral e incluir cosas que fueron dejadas de lado en la Ley Bases en beneficio de los sindicatos. ¿Qué reformas podrían introducir? ¿Cuál es la posición del gobierno?
Se trata de la segunda reunión informativa que realizan los bloques donde presentarán los 28 proyectos para poder llegar a converger en un dictamen de mayoría.
En este sentido, desde la UCR y en especial de la mano del diputado Martín Tetaz la intención es lograr confluir en un dictamen conjunto con el PRO y restarle poder a la Confederación General del Trabajo (CGT).
Entre los proyectos se encuentran: la limitación a la reelección indefinida de los sindicalistas y la participación obligatoria de un 25% de minorías en los cuerpos sindicales.
Además, se discutirá la posibilidad de volver obligatoria la transparencia en cuanto a las finanzas de los sindicatos y de los sindicalistas.
También, entre los proyectos que se debatirán esta la limitación de la cuota social solidaria que entran en el recibo de sueldo.
De esta manera, los bloques piensan que lograrán retirar "el descuento forzoso" que llevan a cabo los sindicatos de los recibos de sueldo de los trabajadores.
"Tanto nosotros como el PRO están a full con esta agenda. Creo que va a quedar muy mal LLA si se opusiera", indicó en diálogo con El Cronista una fuente calificada del radicalismo.
En este sentido, aclararon que si bien desde el gobierno nacional "alientan la discusión" también mantienen reservas en cuanto a su relación con la CGT. "Hay cierta ambivalencia al respecto", aseveraron.
Todas las reformas se meten en un tema que el Gobierno nacional eligió borrar de la Ley Bases para logar su aprobación: la eliminación de la cuota sindical que los gremios cobran en forma compulsiva y que es su principal fuente de financiamiento.
Si bien, la propuesta fue incluida en uno de los borradores finales de la Ley Bases, fue retirada a pedido del jefe de bloque de Encuentro Federal (EF) Miguel Ángel Pichetto.
Paralelamente, la UCR también impulsa proyectos para agravar las penas a delincuentes que usen a menores de edad para delinquir y una baja de la edad de imputabilidad.
En este último punto, habría un acuerdo trasversal entre el PRO, la UCR y LLA.
Según advierten, los 28 proyectos plantean modificaciones a las leyes 23.551 de Asociaciones Sindicales y 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo bajo el título de "democratización sindical".
Uno de los proyectos tiene como autor al economista radical y presidente de la comisión, Martín Tetaz, y lleva las firmas de diputados de otras bancadas como Sabrina Ajmechet, Fabio Quetglas, Margarita Stolbizer y Carla Carrizo. La iniciativa busca limitar la reelección de los integrantes de asociaciones sindicales a una "única vez, debiendo dejar pasar un período para volver a ser elegidos".
Pero además de limitar los mandatos, este proyecto de "democratización sindical" apunta a la incorporación de las minorías en los órganos deliberativos y directivos de los gremios si en las elecciones esas listas minoritarias alcanzan al menos el 25% de los votos de los afiliados.
La macrista Verónica Razzini impulsa un proyecto de ley que replica el contenido de la reforma laboral incluida en el DNU 70, y es acompañado con las firmas de los diputados Gabriel Chumpitaz, Alejandro Bongiovanni. Ricardo López Murphy, Martín Yeza y Damián Arabia, entre otros. Entre otros aspectos, la iniciativa elimina las cuotas solidarias obligatorias para los trabajadores de una actividad, estén o no afiliados.
Además, incluye la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la restricción del ejercicio de huelga en actividades como educación y el transporte, y modificaciones en el régimen del teletrabajo.Quizás el punto más disruptivo del proyecto de Razzini es que retoma el artículo del mega DNU 70 que aplicaba severas sanciones contra los bloqueos sindicales a las empresas.
"Será reprimido con 3 a 6 años de prisión quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Si la acción se desarrollare simultáneamente sobre diversos locales o sucursales del mismo comercio, industria o establecimiento, la pena será de 4 a seis 6 años de prisión", se establece.
En paralelo, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade impulsa un proyecto en el que se establece la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para "controlar la rendición de cuentas de los fondos sindicales", la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales y el cupo femenino del 30% en las conducciones de los gremios.
Este proyecto va en sintonía con el presentado por María Eugenia Vidal (PRO), que es acompañado por Cristian Ritondo, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro y Diego Santilli, que también dispone la obligatoriedad de que los directivos sindicales presenten declaraciones juradas patrimoniales, pero además avanza en limitar los mandatos de los secretarios generales a cuatro años y una única reelección.
Otro proyecto tiene como autor a Héctor Stefani (PRO) que plantea la "ficha limpia gremial", impidiendo a los trabajadores condenados por delitos que puedan integrar los órganos directivos de conducción ni ningún tipo de cargo en la asociación sindical. Un expediente que va en línea con otro de la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli que fija como requisito indispensable para participar de elecciones sindicales "no haber integrado hasta 24 meses anteriores a la elección, cualquier órgano de la AFA, FIFA, CONMEBOL o clubes que participen de los torneos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional".
En cuanto a transparencia institucional de los sindicatos, hay un proyecto que está a la vista en la comisión que fue presentado por Silvana Giudici (PRO), acompañada con las firmas de sus compañeros de bancada Ritondo, Laura Rodríguez Machado y Hernán Lombardi. Esta iniciativa busca garantizar el derecho al acceso a la información pública a "toda la información sindical", lo que incluye "todo tipo de documento o de datos contenidos en documentos, en cualquier formato".
Además, propone que "en los procesos de compras y contrataciones, las asociaciones sindicales deberán implementar programas de integridad y transparencia, consistentes en reglas y procedimientos claros y públicos y por acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, a fin de brindar un uso racional y eficiente de sus recursos".
En esta misma frecuencia, la radical Soledad Carrizo es autora de un proyecto para que los estatutos de los sindicatos deban garantizar "la transparencia y la prevención de la corrupción en el desarrollo de sus fines y actividades". Este proyecto también define "la alternancia de los miembros de los órganos de dirección y administración, limitando su reelección indefinida; el acceso a la libre información pública en conformidad con la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, y "el establecimiento de un código de ética o conducta para sus afiliados y miembros de los órganos de dirección y administración".
Sobre la cuestión de la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas sindicales solidarias, además del proyecto de Razzini hay iniciativas de Luis Picat (UCR), Ricardo López Murphy (EF), de Gerardo Milman (PRO) y de la Coalición Cívica. Con giro a otras comisiones, también el proyecto de la diputada nacional mandato cumplido Ingrid Jetter para garantizar la paridad de género en cargos directivos sindicales.
