La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) denunció al gobierno del Chaco por una presunta maniobra de corrupción en perjuicio de los bosques nativos. La organización apuntó contra un alto funcionario por hacer aparente uso de su cargo para otorgar permisos estatales a sus propios clientes privados. En el medio, incluso, hasta figura mencionada una empresa que se atribuyó en el pasado, en una porción de su capital accionario, a un alto funcionario de Milei.
A fines de abril, la Legislatura de esa provincia votó una ley que permite el desmonte de cientos de miles de hectáreas de Bosque Nativo. Desde la agrupación aseguraron que está "hecha a medida del agronegocio" y además está impulsado por una "puerta giratoria" de funcionarios que son al mismo tiempo empresarios.
"Pasan de un lado al otro sin disimulo", afirmaron en un comunicado. Quien está más complicado por la denuncia es el ministro de Producción de Chaco, Hernán Halavacs, que habría tramitado el 40% de los desmontes de bosques nativos de la provincia entre 2014 y 2021, acorde a la denuncia.
Halavacs es un ingeniero agrónomo que trabajó como empleado de distintas firmas forestales. En diciembre de 2023 comenzó su gestión como ministro del área de Producción y continúo beneficiando a sus clientes privados.
El funcionario es la máxima autoridad ambiental que tiene entre sus tareas la aplicación de la Ley de Protección de Bosques y a su vez es quien más permisos de desmonte recibió en los últimos diez años.
La denuncia también expone que, entre 2014 y 2017, Halavacs tramitó en promedio los desmontes más chicos, pero entre 2018 y 2021 hizo lo propio, en promedio, los de mayor superficie.
El año en que más desmontes consiguió habilitar el actual ministro, entonces como gestor, fue 2016, cuando realizó 98 de los 196 planes de cambio de uso del suelo de ese año (el 50%), con foco en Brown. En 2020, el 70% de los diez desmontes autorizados fue tramitado por Halavacs.
Además, entre los funcionarios beneficiados figura Luciano Olivares quien en la gestión anterior fue subsecretario de Desarrollo Forestal y es hoy asesor del Ministerio de Producción. Durante su paso por la gestión anterior, Olivares otorgó los permisos de desmonte a Halavacs.
En este sentido, AAdAA también denunció a diputados provinciales por su voto el pasado 30 de abril en favor de la modificación del mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Este mecanismo hizo que las autoridades habilitaran miles de hectáreas de bosques nativos protegidos y pasaran a ser objetivo de desforestación.
Entre los diputados acusados de estar a los dos lados del mostrador está Atlanto Honcheruk, que además de legislador es empresario de transporte forestal.
Asimismo, la ONG pidió en la cautelar el inmediato cese de la aplicación de esta nueva ley y denunció al gobierno chaqueño por presuntos desvíos de fondos públicos de origen nacional e internacional. Según la denuncia, el gobierno chaqueño direccionó fondos recibidos para la conservación de bosques otorgados por la Ley de Bosques y el Fondo Verde para el Clima.
La ley en cuestión redujo la protección de bosques nativos y permite el avance de las topadoras sobre el monte nativo, territorios de campesinos e indígenas, y de especies en peligro de extinción como el yaguareté, entre otros. "Dicha ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades", afirmaron desde la institución. Desde AAdAA esperan novedades tras el fin de la feria judicial.
Entre los involucrados hay empresas como Forestales del Oeste SAS, que pertenece al exdirector de Bosques de la Provincia, Miguel Ángel López. También está denunciada la dueña de la forestal Los Frentones y socia de La Nueva Pirámide S.A, Ana Victoria Hupaluk. La empresaria fue acusada de promover el trabajo esclavo ya que en uno de sus campos encontraron a 76 personas adultas y niños realizando trabajos forzados.
Desde la asociación aseguraron que Hupaluk mantiene relaciones comerciales con Halavacs y es socia de Miguel Ángel López en el aprovechamiento de Tria S.A. Además, Halavacs habría trabajado como consultor para la familia Vicentín en al menos 14 oportunidades y equivaldría a casi 5500 hectáreas en las que el técnico realizó planes de desmonte.
El ministro de Producción también fue el agrimensor de la empresa Las Guindas S.A en 2018 que obtuvo permisos de desmonte por 1331 hectáreas en Brown.
Un punto clave de la denuncia es contra TRIAD S.A, una sociedad de Buenos Aires que desde la AAdAA atribuyen a Santiago Bausili, hoy presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según pudo constatar El Cronista, el actual funcionario figura al menos hasta 2019 con una participación mínima en las acciones de la firma.
Entre los delitos específicos de los que se lo acusa a Halavacs y los funcionarios públicos involucrados están "defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público"
Además, también serían procesados por "falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita".
El Cronista consultó al actual ministro de Producción sobre la denuncia en su contra y este replicó que aún no tiene "ninguna notificación oficial". "Vengo del sector productivo, no vengo de la política, soy ingeniero agrónomo y solo ejercí la profesión bajo ley, con las normativas vigentes como corresponde", afirmó el funcionario público.
Halavacs aseguró que "era parte de una consultora que nucleaba a varios y que tenía una consultora agrícola, ganadera y forestal". Sobre la modificación del mapa forestal aseguró que esto comenzó en la gestión anterior con una "actualización" del ordenamiento territorial.
Según el funcionario, ya en octubre del 2022 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, a cargo de Marta Soneira, envió a la Dirección Nacional de Bosques un informe de actualización. Este informe sería el que salió por Decreto 2157/22 y del cual la Dirección Nacional habrá presentado una serie de observaciones que hicieron que el Ministerio de Producción, Industria y Empleo remitiera un informe de actualización en 2023.
"En febrero de este año el Poder Legislativo comenzó el debate y había varios proyectos del OBTN. El mapa fue enviado a nación en la gestión anterior y se realizó en la gestión anterior por distintas instituciones, entidades, organismos, etc.", relató Halavacs haciendo énfasis en el momento en que se gestó la ley que la legislatura de Zdero aprobó.
Halavacs descartó que Olivares fuera su asesor: "No es así, fue subsecretario de Gestión y hoy es personal de planta permanente, no es mi asesor". Y remarcó que "el mapa fue confección por una mesa técnica y consensuado, muchísimas personas e instituciones trabajaron en él. Es un trabajo muy serio donde después de muchísimo tiempo el campo e instituciones se unieron para enviar una nota al presidente Milei pidiendo la aprobación del OTBN en Nación".
En este sentido, Halavacs aseveró que todos los proyectos que presentó cuando trabajó en la consultora fueron "aprobados por el equipo técnico, luego por directores de bosques, luego por subsecretario, luego por ministros de la gestión anterior". "Además, todos los proyectos tuvieron las consultas públicas correspondientes", concluyó.
