"Es otro país". La frase es de Nicolás Vaccaneo, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Mayoristas, describe lo que se está viviendo en estos momentos en los galpones donde históricamente se abastecieron comerciantes pero que al calor de la inflación empezaron a recibir cada vez más familias. "Los proveedores ahora aumentan de precio cada dos meses y además se hacen ofertas", completa.
Pinta un panorama absolutamente diferente al que se vivió en 2023, cuando se fue acelerando una carrera de remarcaciones mientras los consumidores se lanzaban al stockeo desenfrenado para tratar de ganarle a los siguientes aumentos: hay mucha más tranquilidad, pero obviamente, como en los cementerios, mucho menos movimiento.
Ya no sólo no hay necesidad de acaparar comida porque la espiralización se cortó. Ahora se vende tan poco que cada vez más se apela a la venta en cuotas de los bienes más básicos que hacen falta para vivir. "Todos stockeábamos el año pasado, pero hoy lo que no queremos es stock", agrega Vaccaneo.
El Gobierno aspira a que en algún momento ceda la recesión que aplacó los peores temores pero que al mismo tiempo la estabilidad de precios se quede. Por eso se celebra desde X cualquier indicador de mejora de salarios, como ocurrió en mayo con un aumento del índice del Indec del 8,3% versus una inflación que había dado 4,2%.
Lo mismo se resaltó con una mejora mensual de las ventas en supermercados mayoristas, que igual mantiene un derrumbe del 12% respecto del año pasado cuando, se dijo, había una afluencia generalizada para protegerse de la inflación.
Sin embargo, no está claro que baste una recuperación del salario formal para rescatar el consumo, como marca el trabajo de Carlos Pérez de la Fundación Capital, que pone el énfasis que lo que mejoren los sueldos puede quedar contrarrestado en su efecto macroeconómico por la destrucción en el empleo, algo que se puede espiar viendo la masa salarial.
En el primer semestre todo el volumen de sueldos del sector registrado se vio limitado "por el doble efecto de la baja en el poder adquisitivo y en el empleo", señala el trabajo. La caída fue del 11,7% interanual, la más baja en veinte años.
Según el paper, la destrucción de empleos está siendo mayor que en otras crisis. Entre diciembre y abril se perdieron 112 mil puestos de trabajo del sector privado registrado, más que en los primeros cinco meses de caída de la actividad en 2014 (19 mil empleos), más que en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri en 2016 (66 mil) y más que en 2018 (91 mil). De hecho la baja de puestos de trabajo hasta acá alcanzaría los 138,4 mil empleos si se suman los recortes del sector público.
Como sea, la aspiración oficial es conseguir con el superávit fiscal mantener a raya los precios a la espera de que se consolide un ingreso de dólares por inversiones o préstamos que permitan sostener salarios altos en moneda dura y se fomente la vuelta del crédito, como está ya creciendo en el último bimestre. Sólo el Banco Nación, por ejemplo, entregó en julio 743% más de préstamos que en el mismo mes de 2023.
Para ese "otro país" es clave que se activen los grandes proyectos ligados a la explotación de los recursos naturales. En silencio, el sector minero por un lado cree que tras la aprobación del régimen de incentivos RIGI se desatará una ola de inversiones con la concreción de negocios que se iban a hacer igual en muchos casos pero ahora mejoraron su rentabilidad. Se descuenta que no habrá frenos ni por la licencia social ni por el impacto ambiental dado los nuevos vientos de la política.
La última muestra es el mega anuncio del gigante BHP con el grupo chileno Lundin de asociarse para desarrollar proyectos metalíferos en "Distrito Vicuña", unas 40 mil hectáreas de la Alta Cordillera sanjuanina que ya se vende como un "Vaca Muerta del cobre". Uno de los principales yacimientos que se pondrá en marcha es Josemaría, precisamente en San Juan, que lleva ese nombre por Josemaría Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei.
Por otro lado, detrás de la pelea por la locación de la planta de GNL que finalmente YPF y la malaya Petronas harán en Río Negro, está la posibilidad de conseguir una exportación de hidrocarburos de US$ 30 mil millones por año, de los que la mitad podría ser el gas que pasaría a líquido para llegar a la Europa que ya no le compra más a Rusia.
Una proyección así le hace agua la boca a cualquiera que se imagine por entonces gobernando la Argentina. Somos un país que cada tanto pega alguna bonanza pero que siempre se corta cuando se queda sin divisas, ya sea por el estrangulamiento que genera la necesidad de importar insumos para las fábricas, ya sea porque se le da rienda suelta al tipo de cambio barato que mejora el bolsillo de la población y permite mantener la popularidad.
Bañados en los dólares del petróleo, el gas, el cobre y el litio más lo que ya aportan el campo, la industria o la economía del conocimiento, agarrate.
Es cierto, alguien podría pensar que en los 90 con la siembra directa y los cultivos transgénicos que permitieron multiplicar la producción y las exportaciones se generaron miles de millones de dólares a lo largo de los años y acá estamos, patinando en una crisis sin fin ahora a la espera de otra salvación.
La señal de la coyuntura en el mercado cambiario no es auspiciosa en este sentido.
¿Si el ministro de Economía, Luis Caputo, se está gastando reservas que no tiene para bajar las cotizaciones paralelas que además operan en mercados regulados con tal de no devaluar, qué no haría con un maná de divisas proveniente de los 465 barcos metaneros que YPF aspira a sacar del país cada año cuando esté operativo el puerto ahí en la localidad rionegrina de Punta Colorada?
