El Juzgado Federal de Goya desestimó la solicitud del gobierno de Corrientes para constituirse como querellante en el Caso Loan, ya que, según el fallo, no cumple con los requisitos necesarios para asumir dicho rol en el proceso judicial.
El fiscal de Estado, Horacio David Ortega, presentó la solicitud en representación del Ejecutivo provincial, buscando participar activamente en todas las audiencias y actos pertinentes al caso.
A su vez, otras de las solicitudes es poder tener información de la causa, pese a que en estos momentos se encuentra en secreto de sumario.
Loan Peña
También, con relación a las prisiones preventivas, el fiscal Ortega pidió los procesamientos para Mónica Millapi, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Walter Maciel, Laudelina Peña y Francisco Méndez.
Sin embargo, se argumentó en el fallo que la protección y tutela de los menores "ya está garantizada por los órganos constitucionalmente establecidos, como los fiscales federales y el Ministerio Pupilar en la Defensoría Oficial Federal".
Además, la jueza Cristina Pozzer Penzo señaló que la participación del gobierno provincial "no es necesaria", ya que no se considera al Estado de Corrientes como un "particular ofendido" en términos del derecho procesal penal.
En cuanto a la posible implicación de funcionarios públicos provinciales en el caso, la jueza indicó que dicha circunstancia no justifica la inclusión del gobierno como querellante. Cualquier investigación o imputación adicional relacionada con estos funcionarios deberá evaluarse en un expediente separado.
