Tras una disposición del Gobierno nacional que detuvo las operaciones de traslado de Dioxitek al norte del país, ahora también quedó en duda el futuro de la planta original en la provincia de Córdoba. Qué dijo la Justicia sobre las operaciones de esta firma pública
La planta química de Uranio de Dioxitek en Córdoba tiene plazo hasta fin de año para mudarse del barrio en donde tiene su asiento principal. Asimismo, el proyecto de la nueva planta de Uranio (NPU) en Formosa fue paralizado por el Gobierno nacional por falta de transferencias comprometidas por parte del tesoro. En consecuencia, el sistema nuclear argentino podría perder este nodo clave de suministro de combustible para su funcionamiento.
Se trata de una Sociedad Anónima Estatal que se encarga de garantizar el suministro de dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares de Embalse y Atucha I. La empresa originalmente estaba entre la lista de empresas a privatizar por la primer Ley Bases que el gobierno de Javier Milei envió a Diputados.
La empresa fue creada por el Poder Ejecutivo Nacional en 1996 y puesta en marcha en 1997. Actualmente la Secretaría de Energía ejerce la titularidad del 51% del Capital Social mientras que el 48% es titular la Comisión Nacional de Energía Atómica, y el Gobierno de la Provincia de Mendoza es titular del 1% restante.
Según informaron fuentes desde el organismo, la sede central que tiene su asiento en Córdoba está desactualizada y ya no puede continuar con las actividades en el barrio en el que está emplazada. De ahí que el proyecto de la nueva planta que pretendía obtener una nueva usina moderna para producir un elemento esencial para las centrales nucleares del país.
"La obra tiene un avance del 80% y el Estado nacional ya invirtió u$s 150 millones en su construcción. Si se cumple el cronograma de inversiones, está previsto que en dos años la planta esté operativa", indicaron desde el sector.
La paralización de la obra pondría en riesgo "el suministro de dióxido de uranio (UO)" que se utiliza para las centrales nucleares Embalse, Atucha I y II, que representan entre el 7 y el 10 % de la energía eléctrica (energía limpia) que se produce en el país.
Sin embargo, el funcionamiento de la planta en Córdoba está sujeta a la finalización de su par en Formosa. Esto es porque la municipalidad de la Ciudad de Córdoba quiere erradicar la fábrica hace años del tejido urbano a partir de una ordenanza creada con posterioridad a la explosión en una fábrica del mismo barrio (Alta Córdoba), provocada por un incendio. A raíz de ese evento todas las fábricas fueron intimadas a reubicarse.
La explosión se dio en 2012 en la fábrica de productos químicos Raponi. El hecho sucedió tras un principio de incendio y terminó 50 minutos después con un estallido que dejó un total de 66 heridos. Además, la onda expansiva dañó las estructuras de varias viviendas, de comercios y también algunos vehículos, particularmente en las aberturas de vidrios.
El compromiso que sostiene el Estado nacional con la justicia cordobesa es sostener la planta en Córdoba, siempre y cuando haya otra en proceso de construcción. "La renovación del permiso ambiental para su operación más allá de diciembre de 2024 depende directamente del progreso del Proyecto NPU en Formosa", indicaron fuentes allegadas al sector.
En este sentido, aseguraron que "no saben" si se va a extender, y además remarcaron que hay un incumplimiento por parte del Gobierno nacional ya que se les permite estar allí siempre y cuando la otra construcción este encaminada y hoy quedó bajo suspenso por la falta de fondos.
Fuentes cercanas al mundo de la energía nuclear opinaron que lo mejor sería "no achicar el sector" y permitir que la planta en Córdoba siga abierta y que se continúe con la construcción en Formosa. "Estamos perdiendo la soberanía energética nuclear, que es la más barata y la menos contaminante", afirmaron.
