El economista Daniel Artana coordinó un estudio de los sobrecostos de regulaciones no prudenciales. Apuntan a gratuidad de servicios, como del uso del efectivo y cuentas, y trabas en sucursales
Una desregulación del sistema bancario y financiero, en su mayoría vinculada con normas no prudenciales, que reduzca costos y "nivele la cancha" para los numerosos integrantes del sector, en especial las fintech, podría redundar en un mayor nivel de bancarización y más estabilidad en el sistema.
Así surge de un estudio encargado por la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), que agrupa a los bancos privados de capital nacional, a FIEL acerca de las sobrerregulaciones en el sistema financiero.
El trabajo, que fue presentado por el economista jefe de FIEL, Daniel Artana, quien lo coordinó junto con Santiago Urbiztondo, y los economistas Laura D'Amato, Mónica Panadeiros y Juan Pablo Brichetti.
Diagnosticaron la distorsión del sistema bancario argentino, con el nivel de bancarización más bajo de la región tiene la relación créditos/PBI más baja entre los países comparables. Parte de esa distorsión la atribuyen a esa "sobrerregulación económica del sistema financiero".
Los economistas reseñaron regulaciones que exceden a las normas prudenciales para gestionar el riesgo del sistema, delineadas por el Comité de Basilea, de otras dispuestas a través de los años y que dificultan el despliegue de la banca.
Entre ellas, los técnicos de FIEL y Adeba señalan regulaciones que limitan los precios de los servicios ofrecidos, como las cajas de ahorro, tarjetas de débito, extracciones y depósitos de efectivo en sucursales y cajeros o el envío de resúmenes.
Muchas de ellas, a juicio de los técnicos, exceden las políticas inclusión financiera. Ejemplificaron con "la gratuidad para las personas jurídicas con costos elevados para los bancos del sistema".
En materia de operatoria de crédito, apuntan al diferencial de plazo forzoso entre lo que perciben al cobrar los resúmenes y lo que pagan a los comercios. También el ya conocido desacople de entre las tasas pasivas que pagan ajustadas por UVA menores a las que reciben por el rendimiento de bonos CER.
Por otro lado, hicieron un foco en un conjunto de regulaciones, establecidas en las normas mínimas de liquidez, que fueron originadas en normas prudenciales, pero que con el tiempo fueron reemplazadas por prácticas de mercado como la tasa de interés. "Hoy implican 45% de los depósitos, triplican a las de la región, son innecesarios", indicó Monica Panadeiros.
Otras regulaciones apuntadas por Adeba es la exigencia de un cupo mínimo de financiamiento para las Mipymes. Criticaron que, "en la medida en que el BCRA se involucra en la implementación de políticas dirigidas a sectores o actividades específicas, los instrumentos regulatorios prudenciales o de control monetario, comienzan a usarse para facilitar esas políticas, generando distorsiones e inequidades en el tratamiento regulatorio de los bancos y debilitando la regulación prudencial".
Sugirieron, en cambio, que las políticas de estímulo crediticio dejen de estar en la órbita del regulador para pasar a la de otros organismos estatales.
También apuntaron contra la conformidad del BCRA para la apertura, traslado o cierre de una sucursal bancaria, que genera "sobrecostos para los bancos y poniéndolos en desventaja frente a competidores que no tienen sucursales físicas como las fintech".
La digitalización lleva al cierre de sucursales en el mundo, incluyendo la región, sentenciaron, e indicaron que desalienta fusiones y apertura de sucursales.
"Obedece a presiones sindicales, no a promover la inclusión financiera", se quejaron
También apuntaron a las firmas de base tecnológica al referirse a los costos de la gestión del efectivo. "Es onerosa, en especial el exceso de requisitos para su transporte. El retiro y depósito de efectivo es gratuito, aún cuando existen costos asociados a esas tareas", señalaron.
Los traslados son muy costosos -indicaron- y propusieron : apuntar a reducirlos, por ejemplo, computando dinero en los tesoros para integrar los encajes, y también evaluar medidas de seguridad, dado que el gasto que insume la gestión de billetes deteriorados, por ejemplo, excede al valor nominal de los billetes.
Pero también señaló el informe de FIEL que, a pesar de los costos en los que incurren los bancos en el manejo del efectivo, las entidades no pueden cobrar la mayor parte de las operaciones en efectivo a las empresas ni a los particulares.
"Se llegó a hablar de un impuesto al efectivo, pero cada entidad debería estar liberada para aplicar los cargos que considere o que pueda acordar con los clientes", apuntó Artana.
Pero la cuestión también es relevante en la competencia con las fintech: "Las plataformas virtuales no enfrentan costos comparables de gestión del efectivo, aunque se benefician de la infraestructura del sistema financiero tradicional -advirtieron-. Los usuarios utilizan los cajeros, instalaciones, redes, energía de los bancos para extraer efectivo", se quejan.
"La competencia entre entidades financieras y fintech está afectada tanto por las sobrerregulaciones no prudenciales sobre las entidades financieras como por las prudenciales -que sólo afectan a las entidades financieras-, como en el pago de salarios formales, jubilaciones y planes sociales", sostuvieron.
Pidieron que para que las fintech lo hagan, "requiere que todas deben asegurar igual protección a los depositantes, lo cual sólo puede cumplirse estableciendo requerimientos prudenciales homogéneos y universales para todo tipo de competidor".
Además de las reseñadas, los bancos puntualizaron que deben modificarse:
-Restricción para distribuir dividendos que requiere autorización previa.
-Posición global neta de moneda extranjera. Los bancos no se pueden cubrir ante devaluaciones.
-Prohibición de operar con determinados activos, como las criptomonedas.
-Exclusividades de la Banca Pública
-Portabilidad de Datos de Historial Crediticio
