Aunque hay normativas que impiden acelerar los tiempos, el Ejecutivo probó el modelo que piensa utilizar con la conversión de Telam en agencia de publicidad. La publicación de un DNU clave en el Boletín Oficial y los nuevos plazos que fija
Javier Milei prorrogó por 180 días el permiso para que el Gobierno pueda convertir a las empresas y sociedades del Estado en Sociedades Anónimas. En rigor, significa que seguirán con el proceso de reconversión administrativa para facilitar la privatización de estas compañías que, al día de hoy, tienen un marco jurídico que imposibilita su venta.
La decisión se dio a conocer ayer en el Boletín Oficial mediante el DNU 553/2024, que prorrogó el artículo 51 del DNU 70/2023 -el extenso paquete de desregulaciones de la economía implementado por Milei al comienzo de su mandato-, que faculta a la conversión de las empresas estatales en Sociedades Anónimas. La medida que tenía plazo por 180 días y se extendió por otro período idéntico.
Las compañías en manos del Estado se encuentran, a grandes rasgos, en dos formas jurídicas: Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas. Las primeras solo pueden tener como único sujeto al Estado Nacional, mientras que las segundas son pasibles de tener una parte mayoritaria por parte del Estado, pero también poner en venta sus acciones o concesionar sus servicios a privados.
"Estamos trabajando para que todas las compañías pasen a Sociedades Anónimas y así poder privatizar todo lo que podamos", comentaron desde Casa Rosada.
Y es que se trata de un paso necesario, pero no suficiente para poder avanzar hacia una privatización total o parcial. Las Sociedades Anónimas son la forma jurídica que permiten cumplir el plan de venta de acciones o concesiones que quiere el Gobierno. Para poder pasar a esa etapa, el Congreso de la Nación debe declararlas sujetas a privatización, tal y como se hizo la semana pasada con las seis empresas en la Ley Bases.
El listado final está compuesto por Energía Argentina S.A. (ENARSA), Intercargo S.A.U., AYSA S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Corredores Viales S.A. y Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE). Solo la última de estas seis sigue siendo una Sociedad del Estado. Desde el Ejecutivo alegaron desprolijidades que demoraron el proceso de transición de varias de estas compañías a Sociedades Anónimas.
"Iniciado dicho proceso se ha tomado conocimiento del grave estado administrativo de las referidas organizaciones, las que, en su gran mayoría, no contaban con un análisis actualizado de su situación patrimonial y, en ciertos casos, con los instrumentos societarios actualizados inscriptos ante el Registro Público de Comercio correspondiente", describieron Milei y sus ministros en el texto del DNU esta mañana.
Quien está a cargo de ese proceso es Diego Chaher, hasta ayer interventor de los Medios Públicos y ahora flamante secretario de Empresas Públicas y Sociedades del Estado. Aunque ahora dependen de la Jefatura de Gabinete, en los próximos días es muy probable que se publique el Decreto que va a cambiar la Ley de Ministerios y va a pasar esa dependencia al Ministerio de Economía.
La nueva área se llamará Unidad de Ejecución de Empresas, que seguirá teniendo como principal función la adecuación de las estructuras societarias. "No es algo tan fácil, porque hay que ajustar todos los aspectos burocráticos de cada una de las empresas. Si no, no sirve", explica un alto funcionario con diálogo diario con Milei.
En el Boletín Oficial de este lunes, la administración libertaria publicó su primera reconversión de una de las empresas públicas. A través del DNU 548/2024, Milei dispuso la transformación de Télam S.E. a la Agencia de Publicidad del Estado S.A.U. (APESAU). Esta nueva compañía ahora es una Sociedad Anónima Unipersonal. Esta nueva figura está autorizada por el Código Civil y Comercial de la Nación y se da cuando, como en estos casos, el Estado es el único accionista.
Es muy probable que una gran mayoría de las compañías que hoy en día figuran como Sociedades del Estado pasen a esa misma figura jurídica en la que quedó APESAU. Eso sí: aunque eso se logre en las próximas semanas o meses, el Gobierno no podrá hacer nada con ellas porque es obligatorio que el Congreso refrende la puesta a privatización.
Algunos ejemplos de esto último son Aerolíneas Argentinas, Arsat y el Correo Argentino; todas ellas Sociedades Anónimas pero imposibilitadas de ser concesionadas o que su paquete accionario sea vendido. "Ningún activo puede ser enajenado si no tiene autorización del Congreso", enfatizó en diálogo con El Cronista el abogado administrativista Eduardo Mertehikian.
Pasa lo mismo con el Banco Nación, que el Gobierno dice tener avanzado su proceso para que pueda cotizar en Bolsa. Se trata de un proceso por demás complejo en el que está trabajando el estudio jurídico de Horacio Liendo, uno de los artífices del programa de reforma del Estado de Carlos Menem.
La Asociación Bancaria (AB) que lidera Sergio Palazzo afirma que el gobierno incurriría en una ilegalidad al hacerlo porque violaría la Carta Orgánica. Al respecto, Mertehikian afirmó que "una norma de creación de entidad estatal podría impedir un eventual intento de privatización, aunque tiene que ser muy explícito para hacerlo. Si es ambiguo, no".
