Tras la aprobación de la Ley Bases y el capítulo fiscal en la Cámara de Diputados, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lleva adelante reuniones de cara a la reglamentación de las medidas tributarias, entre ellas el Régimen de Regularización de Activos.
El viernes pasado, el Congreso sancionó un nuevo blanqueo de capitales con un alícuota cero hasta u$s 100 mil y para montos superiores del 5%, 10% y 15% según la etapa, pero con muchos puntos claves que dependerán de la letra chica que marque el organismo a cargo de Florencia Misrahi.
Una de los encuentros de la cúpula de AFIP fue con Claudia Balestrini según confirmó una fuente extraoficial del organismo a este medio sobre el encuentro que se mantuvo ayer con la subsecretaria de Ingresos Públicos, que perduró en el cargo desde la gestión de Alberto Fernández. A la que se suma otra a medida mañana de este martes.
El propio proyecto marcó los tiempos: desde la publicación en el Boletín Oficial, tanto la AFIP como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) tendrán como máximo 10 días para llevar a cabo las reglamentaciones.
Y son varios los puntos claves que los tres organismos deben definir que, según los especialistas consultados por El Cronista, marcarán incentivos o desincentivos para el ingreso al régimen de exteriorización de capitales de la era Javier Milei.
"La particularidad de este blanqueo es que se regulariza por grupo, familia. Esto habría que directamente vetarlo", afirmó el socio de Expansión, Diego Fraga al remarcar la dificultad de aplicación, cálculo y control que este esquema tendría.
A raíz de que el artículo 29 del capítulo fiscal, estableció que para determinar la alícuota aplicable, se considerarán los bienes regularizados por el contribuyente en esa etapa o en la anterior por ascendientes, descendientes hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad y por los cónyuges y convivientes.
"El último que se acoja al blanqueo va a definir la alícuota que le aplican a los demás", remarcó Fraga. Por lo que destacó, que, de mantenerse, los parientes directos van a tener que conversar mucho antes de entrar al régimen para evitar reclamos futuros de la AFIP.
Otro de los puntos definirse son las posibilidades de inversión del efectivo que se deposite en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA), el cual deberá permanecer inmovilizado hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive para no pagar el impuesto (del 5% sobre el monto transferido).
Durante el tratamiento en el Senado, y frente al párate de la obra pública por parte del Gobierno nacional, los legisladores modificaron la redacción en su favor. "Estos podrán ser invertidos exclusivamente en los instrumentos financieros que indique la reglamentación, la que deberá contemplar (...) [los] que emitan las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para integrar la financiación de obras públicas", estipularon en el artículo 32.
"Son opciones para que los dólares no queden congelados", afirmó el socio de Ghirardotti & Ghirardotti, Mariano Ghirardotti sobre las alternativas que tendrán quienes ingresen al blanqueo con el detalle de que los intereses quedaran en la CERA.
Aunque no serían los únicos, también se podría comprar certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva hasta el 31 de diciembre de 2025 o realizar la misma operación o suscripción a Fondos Comunes de Inversión (FCI) a la misma fecha.
"La reglamentación determinará el atractivo de estos instrumentos. Sería interesante que (de conformidad con la amplitud que establece la ley) se permita invertir en acciones, títulos públicos, fondos de inversión locales, obligaciones negociables de empresas locales, CEDEARs y ADRs", destacó Fraga y pidió que se complete también la posibilidad en real estate o inmueble sin instrumento alguno.
Existe una cuestión fundamental que depende de la voluntad de gobernadores e intendente que podría afectar el éxito del blanqueo con ingresos del 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) que se proyectaron en diciembre junto con la moratoria y el Régimen Especial de Ingreso del impuesto sobre los Bienes Personales.
"Las provincias tienen que adherir al blanqueo porque si no quienes ingresen podrían quedar expuestos a una determinación de oficio por el impuesto sobre los Ingresos Brutos", alertó Ghirardotti como también de los municipios con la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH).
