Las pymes advierten por la "bomba" que implicará el RIGI aprobado con la Ley Bases para todo el entramado productivo. Presentaron su propio régimen de incentivo y sus aportes a una Ley para el sector.
Tras la aprobación de la Ley Bases y del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en ella, la cámara de Industriales Pymes Argentinos (IPA) propuso la discusión de una serie de puntos para incentivar la inversión, el empleo y las exportaciones en el sector dentro del marco de la Ley Pyme, y propusieron un régimen especial de incentivo a las inversiones.
Daniel Rosato, presidente de IPA, destacó la invitación del Gobierno para hacer aportes a la Ley Pyme que se encuentra en elaboración y celebró la baja de los números de inflación, aunque destacó que espera que la reactivación se dé en los próximos meses.
Sobre el proyecto presentado por su cámara, analizó que, si Argentina participa con condiciones de competitividad y aplica las medidas propuestas, en un año pueden recuperarse los puestos perdidos y generar 300.000 puestos extra. La cuestión radica en que las industrias vuelvan a producir una vez que se acabe el stock, algo sin plazo con los niveles de demanda interna actuales.
Entre los fundamentos de su propuesta de un régimen de inversión se encuentra el hecho de que, para ellos, el RIGI puede ser una "bomba" para las pymes. Según analizó el economista Martín Kalos, el RIGI "puede destruir el entramado productivo más de lo que lo ha afectado la crisis".
Esto responde a que, además del escenario de emergencia económica, que castiga la demanda, el RIGI propone una "competencia desleal" con las empresas multinacionales sujetas al régimen, pero además con empresas instaladas en otros países como Brasil China, Estados Unidos o Alemania, que cuentan con una menor carga tributaria.
En materia de comercio exterior, destacaron que la reciente suba de las exportaciones responde a la recuperación de la sequía y agregaron: "En 2011 teníamos 10 mil pymes exportadoras, hoy tenemos 7.000", analizó Pablo Bercovich, director de la consultora Marca Pyme, y agregó: "Necesitamos 20.000 pymes exportadoras para pegar un salto en serio".
En el marco de estas propuestas que buscan ser incluidas en una Ley Pyme, desde IPA presentaron el RIGI para Pymes, o el incentivo de inversiones. Este tiene como objetivo aumentar la productividad de las pequeñas empresas, fortalecer su competitividad y aumentar las exportaciones. El monto mínimo para estas inversiones será de u$s 15 millones y se tomará como un elemento positivo el uso de insumos nacionales, la conservación ambiental, su impacto en otras industrias, la incorporación de tecnologías y el aumento de las exportaciones.
Para ello puntualizan en cambiar el IVA y que las empresas que no tengan débito fiscal a favor puedan usarlo para pagar otras obligaciones fiscales; cambios en Ganancias para acelerar la amortización con cuotas que actualicen por la variación de precios mayoristas, mientras que el monto no absorbido puede deducirse de ganancias de los años siguientes; y la posibilidad de computar el 100% de los impuestos de débitos y créditos en importes de las operaciones vinculadas al régimen de incentivo como crédito de Ganancias.
"Ni siquiera pedimos lo que pide el RIGI", puntualizó Kalos y agregó: "Se puede funcionar con mucho menos, ser exitosos con mucho menos".
La propuesta de IPA agrega, además del incentivo a la inversión, otros 6 puntos: comercio exterior, energía, impositivo, laboral, desarrollo pyme y conocimiento y asociatividad.
En lo relativo al comercio exterior, propusieron eliminar aranceles a la importación de insumos específicos, bienes intermedios y de bienes de capital que no se produzcan a nivel nacional para evitar encarecer las producciones que los demandan.
Otro punto es aplicar aranceles en la producción local para equiparar los costos de producción local con los de importación. Por el lado de obtención de divisas, proponen eliminar las retenciones sobre las exportaciones de las pymes, dada su limitada participación en el comercio exterior, y potenciarlas a través de crear líneas específicas de financiamiento para formar al personal en el exterior y para la modernización tecnológica.
Postulan la creación de un Servicio de Certificación privado con laboratorios propios para controlar la calidad de las importaciones, controlar que no impacten negativamente sobre la salud y el bienestar de la población y evitar la competencia desleal.
En lo que respecta a energía, piden que el precio esté sujeto a los valores internacionales, para poder dar estabilidad en el esquema de costos empresario. Según analizaron, los precios locales de la energía se ubican en torno a los 14 centavos de dólar por kilowatt, mientras que los costos internacionales se ubican oscilan en torno a los 5 centavos de dólar.
En materia impositiva, piden que AFIP limite los embargos a los montos adeudados ante el organismo y no los exceda, la exención al impuesto al cheque para las pymes para incentivar las operaciones formales y establecer un mínimo no imponible en el tributo. Además piden una cuenta única tributaria para que haya libre compensación de saldos en seguridad social, impositivo y aduanero. Por último, en el caso de que la AFIP ordene embargos, piden que el Ejecutivo habilite moratorias para que se puedan regularizar las deudas.
En lo que respecta a asociativismo y conocimiento, propusieron aumentar la vinculación con las instituciones técnicas y científicas como el Conicet, INTI, el INTA, y las universidades, para incorporar estudiantes o graduados a través de exenciones impositivas que permita la formación y además la adquisición de conocimientos tecnológicos en las empresas. Además, proponen la formación del personal y el fomento de comercio intra pyme a través de exoneraciones impositivas que permitan aumentar el componente nacional de las producciones entre empresas pequeñas.
Por último, en este punto proponen la creación de un cluster pyme y de incentivos para la vinculación y la asociatividad.
En materia laboral no proponen grandes reformas, pero si plantean una fuerte crítica a la justicia y los plazos que lleva la resolución de conflictos laborales. Para ellos, proponen modificar la metodología de actualización de las indemnizaciones y que en los casos en que el fallo sea favorable para el trabajador, la actualización sea equivalente a la de los salarios. En paralelo, proponen crear un programa de apoyo para el pago de indemnizaciones de las pymes y otro de acompañamiento que asista a las personas para reinsertarse en el mercado laboral.
