El Presidente pidió aprobar esta semana el paquete fiscal y la Ley Bases para dar muestras de gobernabilidad. Las diferentes cartas de negociación que expuso la Casa Rosada ante los diputados dialoguistas
La orden de Javier Milei fue clara: allanar el camino en Diputados para aprobar esta semana la Ley Bases y el paquete fiscal con la idea de avanzar en las "reformas fundacionales que necesita Argentina" y dar muestras de gobernabilidad.
Desde Praga y antes de regresar a Buenos Aires el Presidente lanzó directrices a sus alfiles en la Casa Rosada para que negocien el "mejor resultado". La idea de Milei es avanzar cuanto antes con la sanción de estas leyes para preparar el acto el 9 de julio con la firma del Pacto de Mayo junto con gobernadores, empresarios y legisladores.
Bajo este mandato, el jefe de Gabinete Guillermo Francos junto con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el asesor todoterreno Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, evaluaban anoche todas las opciones posibles en Diputados para poder sancionar este jueves las primeras leyes centrales de la era Milei.
La Cámara baja convocó para hoy a un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para emitir dictamen y poder sesionar este jueves en el recinto las leyes. En paralelo a esto seguirán las negociaciones del Gobierno con los diputados dialoguistas que anoche se habían empantanado y con los gobernadores del oficialismo y la oposición.
Según pudo reconstruir El Cronista de fuentes parlamentarias y de la Casa Rosada, en el Gobierno manejan las siguientes opciones para avanzar de una vez con la Ley Bases y el paquete fiscal:
Ganancias y Bienes Personales. El bloque mayoritario de gobernadores del Norte junto con la Casa Rosada avanzan en la intención de insistir con el proyecto original que se aprobó en Diputados y que restituye Ganancias y Bienes Personales.
Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunirán hoy en Buenos Aires para presionar en Diputados por los ejes "centrales" del paquete fiscal que implica mayor recaudación para las provincias. Es decir: la restitución de Ganancias y Bienes Personales.
En paralelo a esto, Francos recibirá hoy a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan) para firmar el traspaso de obras nacionales hacia las provincias. Se trata de un plan que incluye el giro de fondos y que implica una ratificación del apoyo legislativo de las provincias al Gobierno en la ley bases.
Judicialización del debate. En la oposición empezaron a objetar la aprobación del proyecto en Diputados con temas que no fueron avalados por el Senado. Desde Unión por la Patria interpretan el artículo 81 de la Constitución Nacional para sostener que Diputados no tendría la potestad de insistir con Ganancias y que es "inconstitucional".
"No se puede concebir en un sistema bicameral que un tributo sea creado únicamente por la voluntad afirmativa de una sola cámara, especialmente cuando ha existido un rechazo explícito por parte de la otra. Esto va en contra del principio de legalidad", apuntan en la oposición dura.
El artículo 81 de la Constitución dice que "la cámara de origen (en este caso Diputados) puede aprobar el proyecto venido en revisión "con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria". "La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara revisora", señala.
Desde esta lectura, en la Casa Rosada entienden que Ganancias y el paquete de privatizaciones son artículos y no leyes. La Ley Bases y el paquete fiscal se aprobaron en general por lo que podrían ser tratados otra vez en Diputados.
El Gobierno teme que haya una judicialización del debate. Pero insistirán de todas maneras con ambos impuestos.
Privatizaciones en la mira En la reunión del gobierno con los diputados dialoguistas Miguel Pichetto, jefe de bloque Hacemos Coalición Federal, ayer abrió el paraguas y mencionó los riesgos de judicialización del debate en los casos de privatización de las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), que fueron excluidos en el debate del Senado por lo que se inclinaban a excluyó a estas tres compañías del listado de privatizaciones.
Ante esta disyuntiva el Gobierno avaló la idea de excluir estas empresas del listado de privatizaciones si resultaba un escollo.
"No se va a terminar el mundo si se aprueba la Ley Bases sin estas privatizaciones y después avanzamos con leyes por separado para lograr ese objetivo", dijo un encumbrado funcionario del gobierno al detallar la eventual estrategia de un nuevo paquete de leyes por enviar al Congreso una vez que se apruebe la ley Bases.
Inversiones por RIGI. En el caso del articulado que incluye el régimen de promoción de inversiones RIGI, la Libertad Avanza pidió una votación "mosaico" para que se validen algunos artículos con las modificaciones introducidas por el Senado en el caso del RIGI. Es que el presidente Milei está convencido de que este capítulo de la Ley Bases será la "llave" para atraer inversores y generará un clima de mayor confianza en la Argentina.
Ayer, en La mañana de CNN, por CNN Radio, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, aseguró que "las modificaciones sobre el RIGI son muy acertadas". "Estaría de acuerdo que la Ley Bases salga como fue aprobada en el Senado. El RIGI puede traer nuevas inversiones, movimiento económico y puestos de trabajo. Muchas empresas están esperando a la Ley Bases para hacer efectivas sus inversiones. Y muchas de nuestras inversiones mineras generan muchísimos puestos de trabajo directos", completó.
Reforma laboral. El oficialismo avanza en la idea de aprobar las reformas que hizo el Senado del capítulo de modernización Laboral. En la Cámara alta esto fue aprobado con 37 votos a favor y 33 en contra. Y allí se estableció que el trabajador debe ser registrado de forma inmediata y expeditiva a través de canales electrónicos.
Además, se incluyó que el trabajador podrá denunciar la falta de registración laboral ante la autoridad de aplicación y que en caso de sentencia judicial, la autoridad tiene 10 días hábiles para que quede firme y consentida la sentencia, que permita la determinación de la deuda. Todo esto sería avalado en Diputados.
