En estos días se debate en el Congreso Nacional un paquete de reformas fiscales que impulsa el Poder Ejecutivo, cuyo texto ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y todavía aguarda su sanción definitiva en el Senado. Con estas medidas, el Gobierno nacional intenta poner en marcha un primer paquete de medidas económicas, bajo la premisa de avanzar en un proceso de saneamiento de la dramática situación económica en la que se encuentra la Argentina, con un marcado énfasis en el dañino derrotero impositivo cursado por la gestión anterior, especialmente durante el segundo semestre del 2023.
Dentro de ese paquete de medidas, se encuentra un régimen de Regularización de Activos, amnistía fiscal o, como coloquialmente se denomina a este tipo de regímenes, un blanqueo de capitales. A pesar de lo nocivo de este tipo de regímenes que atentan directamente contra la cultura tributaria de los pueblos, lo cierto es que es posible afirmar que prácticamente todos los gobiernos de la Argentina han tenido la oportunidad de ofrecer su propio blanqueo. Aun con resultados muy diversos, todos apuntaron a mejorar sus números fiscales y reducir el déficit aumentando la recaudación en forma inmediata y sencilla.
Senado de la Nación
Desde la perspectiva tributaria, los blanqueos contribuyen a aumentar la base de recaudación total al exteriorizarse bienes hasta el momento no declarados e incluso, al ‘aparecer' nuevos contribuyentes en el ‘radar' del fisco. También simplifican la tarea de las Administraciones Tributarias y generan un ahorro administrativo, en tanto se reemplazan las tareas habituales de verificación y fiscalización por exteriorizaciones voluntarias por parte de contribuyentes alentados por los beneficios impositivos y penales que ofrecen las amnistías fiscales.
Las corrientes más críticas respecto a implementar este tipo de regímenes consideran que son medidas que atentan contra el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, dejando sin incentivos a los contribuyentes que cumplen en tiempo y forma con todas sus obligaciones, extremo que puede generar un impacto negativo en este último universo de contribuyentes ‘cumplidores', quienes comienzan a sopesar las ventajas de ahuecar su base imponible futura y aguardar al próximo régimen de regularización de activos para normalizar su situación patrimonial y fiscal ante el Fisco.
Por otro lado, la gran anuencia de sujetos que suelen adherir a los blanqueos no hace más que dejar en evidencia la incapacidad de las administraciones tributarias para ejercer eficientemente su tarea de recaudación y persecución del pago de impuestos. Con las nuevas tecnologías y los avances informáticos, la administración tributaria debe incorporar procedimientos íntegramente digitales que faciliten el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias mientras que hace foco en potenciar la calidad del servicio al contribuyente y los programas de concienciación y educación tributaria.
Sin embargo, y a pesar de coincidir con estas miradas, lo cierto es que lo ideal es enemigo de lo posible, y no hay dudas de que el Poder Ejecutivo, después del desastre económico-fiscal heredado, necesita con urgencia incrementar sus ingresos fiscales, recursos que cayeron a los niveles mínimos de la última década, producto principalmente de la elevada inflación, la recesión económica, y del insostenible grado de informalidad en el que se ve sumido nuestro país.
Ante la inminente aprobación de este proyecto, quisiera entonces detenerme en algunos aspectos de esta nueva amnistía fiscal. Si este blanqueo tendrá éxito o no, dependerá de muchos factores a los que es difícil adelantarse; sin embargo, soy de la opinión que el proyecto actual debería contribuir a aumentar la percepción de riesgo entre los potenciales declarantes. La "amenaza" ante la inminente puesta en marcha del sistema de intercambio automático de información financiera con Estados Unidos no es suficiente porque los contribuyentes con tenencias financieras en dicho país bien conocen de las deficiencias del sistema. Por eso, soy de la teoría que el Régimen de Regularización de Activos que propone el Gobierno debería imponer restricciones que mejoren la percepción de riesgo.
Como oportunamente planteaba el régimen de Sinceramiento Fiscal del 2016, se podría incorporar al proyecto una condición para que aquellos que adhieran al régimen lo hagan con todos los bienes no declarados a riesgo de perder todos los beneficios que ofrece la amnistía con sus consiguientes sanciones. Una previsión de este tipo también contribuiría a resaltar el carácter excepcional que deben tener esta clase de perdones tributarios, mientras que bajo la configuración actual, parecería una buena estrategia diferir la exteriorización de ciertos bienes hasta el próximo blanqueo.
