La Ley Bases tiene uno de los puntos de mayor tensión en la Cámara Alta: el Régimen de Grandes Inversiones. Cámaras sectoriales se manifestaron a favor y en contra del proyecto.
El Senado comenzó el tratamiento en comisiones de la Ley Bases y el paquete fiscal, entre los que está el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que generó fuertes cruces entre los legisladores.
La discusión se dio a raíz de que hay posturas contrapuestas sobre los beneficios en términos de inversión que puede implicar (cerca de U$S 20.000 millones hacia 2035 según estimó Abeceb) y las implicancias que va a tener para el entramado productivo local.
El RIGI establece una serie de beneficios impositivos y aduaneros para las inversiones superiores a los U$S 200 millones. Entre ellas, incluye la posibilidad de importar bienes que sirvan a su producción, incluidos los usados, sin el pago de aranceles, y la posibilidad de exportar sin derechos de exportación en proyectos particulares.
Entre los sectores que encendieron las alarmas se encuentran el de la metalurgia. Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) enviaron una carta a todos los senadores para manifestar su alerta ante la apertura a la competencia desleal y el efecto que tendrá el régimen sobre la industria local.
En la carta denunciaron que los bienes importados como insumos de estos proyectos tendrán "trato preferencial" y someterá a los productos locales a una "competencia desleal" ya que incluye la posibilidad de importar bienes nuevos y usados, insumos sin aranceles en la etapa inicial y por 30 años.
Desde la entidad pidieron revisar los artículos 169, 187 y 190, (relativos al período de concreción de la inversión y el monto para los proyectos estratégicos, la importación sin aranceles de los insumos y la posibilidad de importar y exportar sin ninguna prohibición ni restricción, incluidas las medidas antidumping) para "igualar las condiciones para la industria nacional y promover el eslabonamiento productivo local". De lo contrario, advierten, se afectará a las empresas del sector, que son mayoritariamente pymes.
Por último, criticaron que el proyecto no plantea obligaciones de transferencia tecnológica o compra local, los cuales podrían generar "derrames".
La Junta Directiva de la UIA consideró que, si bien es necesario un régimen que dinamice las inversiones, advirtieron que "la actual configuración del capítulo podría fomentar la competencia desleal en detrimento de los proveedores nacionales" y subrayaron la necesidad de consolidar un "entramado productivo, apalancar a las pymes y generar empleo en todas las regiones".
En un sentido similar se manifestó el senador Martín Lousteau en el plenario de comisiones sobre los insumos y la necesidad de garantizar condiciones de competencia para las cadenas locales. Además, el senador consideró que el régimen es "hiper generoso" y cuestionó que efectivamente se estén atrayendo nuevas inversiones o si el régimen representa beneficios a empresas que operan en áreas "donde Argentina ya tiene ventajas comparativas" como Vaca Muerta o minería. Por último, señaló que el RIGI es más amplio que políticas similares que se implementan en otros países y que no contempla una integración local.
El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, sostuvo que el RIGI apunta a proyectos de "larga maduración" con mención especial a los sectores de hidrocarburos, minería o litio.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, agregó que también podrían orientarse a plantas regasificadoras, pero negó que pueda usarse para insumos sino que está orientado a los bienes de inversión y de capital que se mantienen dentro del VPU. "Si no estás en igualdad de competir cuando no tenes que pagar costos de transporte o seguros, estamos pensando la competencia de formas distintas", dijo en su exposición en el plenario.
La Mesa de la Productividad de San Juan había destacado también su efecto sobre las energías renovables o la infraestructura.
El presidente de ADIMRA, Elio del Re, sostuvo que los sectores más beneficiados serán los extractivistas: "La propuesta se concentra en sectores clave como el petróleo y el gas, Vaca Muerta, minería, litio y cobre, donde todos podemos desempeñar un papel crucial". La mención viene a cuenta de que las empresas metalúrgicas representan hasta el 60% de las compras industriales de estos sectores.
Algo similar señalaron desde Adcap respecto a que si bien la ley se traduce en un incentivo para las inversiones en el sector energético a raíz de múltiples medidas destinadas al sector, es "un poco amplia y sin especificaciones para implementar las medidas". Fuentes de YPF aseguraron que el acuerdo con Petronas se puede caer si no sale el RIGI.
Desde Abeceb consideraron que no hay un sector orientado sino que todos pueden verse beneficiados si cumplen 2 las condiciones que se le imponen a las inversiones.
Una de las dudas que agregó Lousteau en el plenario de comisiones fue el planteo de la resignación de recaudación futura que implicaba el régimen.
Otro cuestionamiento sumó la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que consideró al RIGI como el "nuevo estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI" y señaló: "A la Inversión Extranjera Directa a partir del tercer año la van a dejar exportar sin ingresar un sólo dólar a las reservas del Banco Central. Pregunto yo, ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no van a entrar dólares?".
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Rolandi por su parte destacó que se trabajará más adelante en una reforma impositiva que simplifique impuestos, que reduzca la carga tributaria para que en 14 años el régimen general empiece a converger con el RIGI.
Una de las dudas pendientes sobre el proyecto es su eventual reglamentación, ya que se especula con que se excluirá la nomenclatura de los insumos que se elaboran en el país, aunque no hay definiciones al respecto.
