El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad se mostraron juntos para distender la relación entre la Ciudad y Nación. Foto política y tensiones que persisten detrás del acuerdo por la emergencia carcelaria
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, hicieron las pases -o al menos buscaron transmitir ese mensaje- con un anuncio en conjunto sobre un tópico que comparten desde la campaña pero que venía tensando el vínculo, curiosamente, desde diciembre: la política de seguridad. Las últimas fugas en las comisarías porteñas habían reavivado los cruces por transferencias al sistema federal que venían demoradas desde diciembre.
La Ciudad de Buenos Aires construirá más calabozos porteños, fortalecerá las medidas de custodia de los detenidos en tránsito o con penas leves con tobilleras electrónicas y retomará los planes para una nueva cárcel propia mientras se resuelve la demora en los traslados que tienen sobrepoblado el sistema de comisarías y alcaidías en CABA. También reclamará que se extraditen los presos de origen extranjeros que se alojan en recintos porteños pese a que sus casos forman parte del sistema penal federal.
Toda la construcción propiamente dicha del anuncio gira en torno a la foto en conjunto, en un anuncio de gestión en el que el metamensaje es tan relevante como la política que se comunica en sí misma. Desde la gestión de Jorge Macri buscan enmendar ciertos puentes con el Gobierno nacional cuyas estructuras están más frágiles que lo pensado. "Hasta el momento solo son demandas, por todo lo irresuelto. La idea es cambiar el tono", comentó a El Cronista un funcionario porteño.
Incluso es válido pensar el nexo Macri-Bullrich en términos de la interna del PRO, con el alcalde porteño ganando posiciones en la estructura de la Ciudad de la mano del regreso de su primo, Mauricio Macri, al liderazgo partidario a partir de este mes. Bullrich, que perdió esa pulseada con quien fue su principal sponsor en la campaña presidencial, se afianza como uno de los puntales del presidente Javier Milei mientras los libertarios tejen su propia coraza para negociar con PRO en 2025 desde otra posición.
Tanto Macri como Bullrich buscaron un común denominador para depositar la responsabilidad original de la crisis carcelaria que les toca timonear: "la herencia". Aunque con destinatarios diferentes -Horacio Rodríguez Larreta, en la Ciudad, y Alberto Fernández, en Nación- la transferencia de responsabilidades tiene como común denominador que los dos gobiernos precedentes fueron opositores a ellos, tanto en la interna como en la competencia nacional.
Ambas partes recalcan que la herencia recibida tanto en Ciudad como en Nación con los presos alojados en comisarías llegó a una situación crítica, considerando que en 2020 había 60 detenidos en las alcaidías y comisarías de la Ciudad de Buenos Aires y hoy se contabilizan en torno a los 2000. Esto significa que hay una sobrepoblación del 100% teniendo en cuenta que el máximo de plazas carcelarias en la Ciudad es de la mitad de ese número.
En rigor, una cuarta parte de la población en los calabozos porteños creció a raíz de la demora en cumplir con las cuotas de transferencias a cárceles federales por parte del gobierno de Javier Milei, un problema que los ministros porteños no pensaban que iban a tener cuando Bullrich reclamó para sí el control del sistema penitenciario federal y lo mudó de la órbita de Justicia.
En el último tiempo y luego de una serie de fricciones en reuniones a nivel ministerial, Nación retomó el traslado a cárceles federales. Primero, acomodando los pedidos a cupos imposibles de cumplir -daba más lugar a plazas femeninas que la cantidad de mujeres detenidas, con lo cual la Ciudad perdía esos lugares- y en el último tiempo, corrigiendo esas maniobras y limitando el cupo una mínima cantidad de traslados por sobre el promedio de personas detenidas por semana. Por ello, la población carcelaria apenas acusa una leve disminución en la Ciudad.
Desde el punto de vista legal, detallan las autoridades porteñas, no son detenidos comunes porque muchos tienen condena firme por lo que deberían estar alojados en un penal. Y el grueso de ellos corresponden a delitos y casos juzgados por la Justicia nacional, a razón de casi el 95%. en otras palabras, de cada 100 detenidos, 94 tienen causas judiciales federales y el 20% cuenta con sentencia firme.
Además, hoy en las comisarías de la Ciudad hay 340 delincuentes extranjeros, muchos de ellos con condena. Jorge Macri también demanda que se resuelva su situación, que reposa exclusivamente en Nación.
La seguidilla de fugas en las comisarías porteñas durante el último mes volvió a poner la situación de la sobrepoblación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires en el centro de escena. Las autoridades porteñas recalcan que en 2023, durante la gestión previa, se contabilizaron 41 fugas con casi un 22% menos de los detenidos por tobo y hurto que alojan hoy. O sea que este año, en las matemáticas, se redujo ese número ya que en el primer trimestre solo hubo diez evasiones, remarcan.
También argumentan que el aumento de detenidos responde a un cambio en la actitud de alerta de la Policía de la Ciudad, con la Unidad de Despliegue de Intervenciones Rápidas (UDI), los múltiples operativos de saturación, la fuerte presencia de la Policía Motorizada y la tecnología incorporada, que tiene como consecuencia la detención de más de 80 delincuentes por día.
Pero al final del día, el costo político de ver las fugas en las noticias -algunas de ellas en imágenes de cámaras- lo pagan siempre las autoridades del momento. Y los títulos en las noticias impactan de manera negativa más allá de las estadísticas y el porqué de la sobrepoblación carcelaria.
Con el fin de afrontar la situación de sobrepoblación en las cárceles de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que firmará un decreto de emergencia edilicia en alcaidías y comisarías de la Ciudad y avanzará con cuatro medidas concretas. En primer lugar, la construcción de una nueva Alcaidía Central en la zona sur de la Ciudad, para lo cual ya se aprobó la primera parte de la licitación para arrancar las obras.
En segundo lugar, la instalación de 19 módulos tipo containers que ensamblados y anexados a diversas comisarías porteñas conformarán nuevos recintos de detención para alojar 300 personas. Se emplazarán, acorde a lo diseñado, en la Comisaría Comunal 12, de Saavedra; la Comisaría Comunal 15, de Chacarita y la Comisaría Comunal 4D, de Barracas.
En tercer lugar, se retomarán las obras en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz para trasladar a los presos detenidos en la cárcel de Devoto, tal como se había comprometido a hacer la Ciudad a través de un convenio firmado en 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad pero que se encuentra paralizado desde la pandemia pese a que el módulo de recepción ya está amueblado y dos de los cuatro que funcionarán con calabozos están avanzados en un 70%.
En rigor, se trata de un paso previo para la mudanza de los 500 presos de la cárcel de Villa Devoto con el objetivo de cerrar aquella prisión y cumplir con una postergada promesa de campaña de relocalizar el recinto lejos de los vecinos porteño. A la vez, implica un terreno inmobiliario cotizado para la Ciudad.
De acuerdo a lo planificado originalmente, estas obras iban de la mano con la postergada transferencia de competencias en lo que refiere a la justicia penal de Nación a Ciudad, por lo que se había determinado levantar aquel anexo en los terrenos de la prisión de Marzos Paz a partir del desembolso de fondos porteños a cambio de la cesión del espacio físico.
El descuento en las transferencias de coparticipación, el freno al convenio por el cual Nación se lleva a los presos que les corresponden y la Ciudad le paga una cuota por el alojamiento de sus propios detenidos y todas las fricciones consecuentes entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta puso en pausa las obras. Acorde a lo informado desde Ciudad que se retomarían, una vez más, con fondos de la Ciudad con la meta de tenerlas terminadas para fines de 2025.
Por último, desde la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la incorporación de tobilleras electrónicas para el control de los detenidos en tránsito y quienes gocen del beneficio de la prisión domiciliaria. Según afirman desde los ministerios de la Ciudad y Nación, eso les permitirá un monitoreo más celoso de 24 horas.
En paralelo, el compromiso asumido por las autoridades porteñas es acondicionar los espacios en comisarías y alcaidías, adecuando las instalaciones de servicios existentes -sanitarias, eléctricas, climatización y de gas-, "para que sean más eficientes y seguras, tanto para el personal policial como para los detenidos".
