La principal área a cargo de la regulación y control de las telecomunicaciones y las licencias satelitales se encuentra sin nombramiento. Esto se produjo luego de que el Ministerio de Infraestructura se disolviera tras el despido de su titular Guillermo Ferraro. En esa estructura funcionaba la Secretaría de Conectividad y Comunicaciones, que se reestructuró y, sin designación mediante, ahora pasó a estar bajo la órbita de la jefatura de Gabinete de Nicolás Posse.
El entonces responsable de esa Secretaría era Ignacio Cingolani, de perfil técnico, que fue asesor en el legislativo bonaerense y que llegó a la gestión libertaria desde la gobernación a cargo de Axel Kicillof, en donde dirigía la Subsecretaría Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Transporte. Fuentes oficiales confirmaron que todavía no se conoce su destino en el Gobierno nacional, aunque las versiones apuntan a que ya fue desplazado.
La reorganización del Ministerio de Infraestructura (Decreto 195/2024) implicó que una parte mayoritaria de las funciones que tenía Cingolani fueran traspasadas a la Jefatura de Gabinete y, particularmente, a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Alejandro Cosentino, un funcionario que acapara cada vez más funciones, y que tiene pasado como vicepresidente de Fintech Iberoamérica, grupo Exxel, el banco Santander Río y American Express.
Según fue publicado en el Boletín Oficial este miércoles, Cosentino tendrá bajo su órbita la Subsecretaría de Conectividad y Comunicaciones, la cual tendrá a cargo la elaboración y la ejecución de la política en materia de telecomunicaciones y la intervención en la elaboración de los aranceles de los servicios de telefonía e internet. También acaparó las licencias que el Estado Nacional le otorga a las empresas del rubro.
Entre las tareas específicas que antes eran específicamente de Cingolani, el secretario de Posse estará a cargo de la fiscalización y la ejecución del servicio postal. Esto es lo mismo que decir que tendrá una injerencia total en el Correo Argentino. Esta empresa pública es una de las 18 que integran el listado de privatizaciones que el Gobierno busca aprobar en la nueva versión de la Ley Bases.
El Correo Argentino está constituido como una Sociedad Anónima de la cual su único accionista es el Estado Nacional. El Ejecutivo pretende privatizarla totalmente o que pueda ponerse a concesión y administración de un privado. Según el Decreto 318/24 publicado esta última semana, Cosentino ahora podrá "administrar las participaciones del Estado Nacional" en esta misma compañía.
Pero esta no es la única compañía sobre la cual pasará a tomar determinaciones clave: en ese cambio reglamentario también está incluida Arsat. De manera contraria a lo que sucede con el Correo Argentino, el Gobierno sacó a la empresa tecnológicas del listado privatizador en el que estaba inserta semanas atrás. No obstante, esto no se explica por un cambio de prioridades de Milei y Posse: desde el propio Gobierno interpretan que el estatuto con el que nació esta compañía ya permite la entrada de capitales privados.
Hace años que Arsat mantiene un superávit operativo. Incluso, el expresidente Mauricio Macri la había exceptuado de su listado de empresas a privatizar, ya que consideraba que estaba equilibrada y "bien manejada".
El actual presidente de la empresa tecnológica-satelital es Mariano Greco, a quien le reconocen una cierta vinculación con el peronismo porteño, pero que proviene del mismo riñón de Arsat, en donde ofició como gerente del Centro de Datos. En años anteriores la irrupción de la política sobre el directorio fue más marcado: en 2022 asumió el economista Matías Tombolini, uno de los referentes más conocidos del Frente Renovador.
Arsat, una de las empresas que el Gobierno quitó del listado de privatización.
En los próximos días se definirá a los responsables que se ocuparán de cada una de las áreas que quedaron huérfanas producto de la disolución de Infraestructura. Por el momento, el área de telecomunicaciones no tiene designado inmediato.
Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno introdujo modificaciones sustanciales en el régimen regulatorio aplicable a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), introduciendo modificaciones a la Ley de Argentina Digital 27.078 (LAD) y derogando un artículo del Decreto 690/2020 que establecía el control de los precios de los principales servicios de telecomunicaciones.
"En atención al interés público comprometido propio de la naturaleza de los servicios de TIC, resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios", justificó el Gobierno en el Boletín Oficial.
Con esta serie de medidas, la administración libertaria desreguló el régimen de regulación tarifaria de la telefonía (fija y móvil), cable e internet; y, al mismo tiempo, amplió la categoría de servicios de TIC con la finalidad de incluir a la televisión satelital como "servicio público esencial y estratégico".
