Familiares de las presas políticas que conforman la “banda de los aguadores”, aseguraron a CONFIDENCIAL que sus allegadas no aceptaron este lunes su desayuno en protesta por la falta de atención médica a Neyma Hernández, también detenida en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocidas como “El Chipote”.
Una familiar de una de las integrantes de la “banda” confirmó que quienes no aceptaron su desayuno fueron Wendy Juárez, Ivania Álvarez, Olama Uurtado, Amaya Coppens y Olga Valle. Expresó que la demanda de las compañeras de Neyma surgió por un problema de hipertensión que tuvo el viernes pasado, sumado con un fuerte dolor de estómago que perduró el sábado y domingo.
“Las muchachas no aceptaron su desayuno. No sabemos si así sucedió con el almuerzo. Además de atención médica estaban solicitando una visita especial para Neyma de parte de su madre”, expresó una familiar de uno de los integrantes de la “banda”.
Mirna Ruiz, madre de Neyma, llegó este lunes a mediodía a “El Chipote” para conocer el estado de salud de su hija. El oficial que la atendió le informó que su familiar fue atendida por el médico esta mañana y que se encontraba en el hospital de la Policía Nacional.
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“Para ‘tranquilizarme’ el teniente llamó a mi hija. Pude hablar con ella, pero obviamente no es la misma cosa. Ella dijo que pidió la visita especial pero no le hicieron caso. El viernes tuvo un preinfarto pero no le hicieron caso. Fue por este dolor de estómago que la llevaron al hospital, pero ella está bien ya. Ya se quiere regresar para poder estar en la visita mañana”, manifestó Ruiz a este medio de comunicación.
De acuerdo a la corta conversación que Ruiz sostuvo con Neyma, su madre consideró que las autoridades no quieren trasladar del hospital a la celda a su hija porque las autoridades tratan de evitar que su familiar denuncie otro tipo de situación que quizás ocurrieron en todos estos días que ha estado detenida.
“Ella no quiere estar en el hospital. Me dijo que por el momento no le han dado maltrato, pero no la atención médica no es buena, no le dan a tiempo su medicina, cuando ella se siente mal no llevan donde el médico. Yo pedí una orden para poder visitarla en el hospital, pero me negaron la orden”, agregó Ruiz.
Este martes los familiares de la “banda de los aguadores” tendrán visita regular con los presos políticos. Esperan que la protesta que realizaron las compañeras de Neyma no influya negativamente en el tiempo que podrían compartir con los suyos.
Neyma y sus compañeras de celda fueron detenidas junto a otras diez personas el pasado 15 de noviembre, cuando trataron de llevar agua a madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre en la iglesia San Miguel, de Masaya. La Fiscalía los acusó por presunto tráfico ilegal de armas, y serán sometidos a un juicio político el 30 de enero de 2020.
A pesar de ser acusados de tráfico de armas, una serie de videos en vivo difundidos minutos antes de su detención en las páginas de Facebook de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), demuestran que los jóvenes tenían las manos arriba frente al cerco policial que rodeaba a la iglesia San Miguel, y a dentro de los vehículos el agua que llevaban a los protestantes dentro de la parroquia.
Los vehículos en el que se trasladaban los jóvenes fueron retenidos por la Policía Nacional. A pesar de que la Fiscalía sostiene su tesis de que la “banda” tenía armas, sus familiares han denunciado que sus allegados son inocentes, y que el arresto fue por ser solidarios con las madres en huelga.
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Entre los familiares y los abogados existe la triste certeza de que la defensa de los muchachos se hace porque debe hacerse, pero no porque crean en la posibilidad de que tendrán un juicio justo, o que sea posible alcanzar un veredicto de inocencia.
El defensor Julio Montenegro se basa en los resultados de su historia reciente como representante legal de los ciudadanos arrestados por ejercer su derecho constitucional a la protesta, para considerar que en este caso, la Dama de la Justicia no es imparcial.
“He llevado entre 125 a 130 representados, y solo unos 25 a 30 no resultaron responsables, pero fue en casos en que ni el Ministerio Público ni el juez tenían base alguna para culparlos. En todos los demás, bastó con que existiera la posibilidad de inmiscuirlos, aunque solo fuera de manera incidental, para condenarlos”, describió.
