Una señora de una edad avanzada sostiene un palo en la mano, junto con otros vecinos protege su barrio de eventuales saqueadores, en Chile. Frente a la cámara confiesa su temor y su rechazo a los robos. Dice: “Esa no es la manera” de manifestar y luego enumera con claridad lo que para ella son las reivindicaciones que expresan las protestas, desde las tarifas del transporte hasta la educación.
En otras palabras, denuncia el modelo de país concentrado, privatizado y desigual. Mientras, los miembros de la clase política se suceden en los medios para “descubrir” el malestar, pero no logran precisar nada concreto que debe cambiar. El presidente de Chile, con su habitual verborragia, declara que “el país está en guerra” y pese al anuncio de congelar las alzas de tarifa en el transporte no cede en su diagnóstico conspirativo y de criminalización de la protesta.
El relato de los acontecimientos que produjeron el estallido social, una verdadera insurrección nacional contra el modelo de país, son conocidos. Ahora, con más víctimas fatales y que ha bajado un poco la tensión, no se sabe hasta cuándo, llega la hora de las explicaciones y de las posibles acciones a emprender. La pregunta general es ¿cómo se sale de esto?
Ha quedado en evidencia el país real, el país fragmentado social y geográficamente en la desigualdad, el de la pobreza hipócrita disfrazada con endeudamiento de las familias y el de la arrogancia del poder de los grupos económicos y de la política cooptada; que desprecia todo lo que huela a pueblo. Apenas escuchan demandas sociales les sale espuma por la boca. Las buenas palabras de ocasión, obligadas por la crisis, no pueden ocultar la realidad y no inciden en la opinión de la gente. De allí que se ve difícil una salida pronta y enérgica, no se ve de dónde saldrá un interlocutor con credibilidad para levantar la agenda que la señora del palo enunció con tanta claridad.
Sin embargo, el estallido social de Chile carece de organización y de una plataforma reivindicativa sistémica. No hay interlocutores políticos válidos entre la sociedad, el descontento y la salida posible. La larga fase histórica de despolitización forzada y desorganización social promovida por los sucesivos gobiernos posdictadura ha producido anomia social y cinismo colectivo. Los sectores populares carecen de una infraestructura organizativa suficiente para proyectarse y cuando algunos la logran como el movimiento “No+AFP”, no logran ser el eje de una reconfiguración nacional y no solo sectorial. En otros casos los sectores populares son carcomidos por la delincuencia y la descomposición social.
El relato oficial yace entre los escombros de los incendios, la criminalización de la protesta no disminuyó la legitimidad de ella. Los saqueos, aunque repudiados, han sido no solo robos, han sido ataques a los odiados símbolos del sistema que oprime el bolsillo de la gente. Peajes, transporte, farmacias, supermercados, bancos y oficinas de fondos de pensión. Todos ellos con tarifas cartelizadas y oligopólicas, coludidos, con tasas de interés usureras y magros retornos que dejan el sueldo mínimo y la capacidad de pago de las familias en el abismo, ni siquiera en el borde.
El mundillo oficial parece no saber que la gente compra medio kilo de carne molida a crédito, con tarjeta de supermercado y lo paga al final tres veces su valor. Hay baja inflación pero no sirve de nada por la diferencia entre altos precios y bajos salarios. En un artículo de 2011 “La economía política de los mínimos” escribí “La pobreza aumentó de 13.7% de la población a un 15.1% en 2009 según la discutida encuesta CASEN. Es decir unos dos millones y medio de personas cayeron en pobreza. Pero esto es la punta del tempano. Según otros estudios, el 40% de la población ha sido pobre alguna vez en los últimos 10 años, es decir la vulnerabilidad y la rotación que tiene la pobreza en el país. Se sale de ella pero la puerta de entrada nunca queda lejos…/… Sin el gasto social mediante transferencias estatales la pobreza según algunas estimaciones, sería un 30% mayor. Es decir casi un 45% de la población”. Chile es un país de oligopolios con asistencia social. Este diagnóstico sigue siendo pertinente.
La exigencia oficial de imponer el orden y el retorno a la normalidad choca de frente con la expresión misma de la protesta. Como todo gobierno antipopular amalgama orden público con orden social, normalidad con continuidad. La gente no quiere ese orden y esa normalidad, quiere cambios o al menos correcciones profundas. El orden público cuenta con legalidad y fuerza represiva pero el orden social carece de legitimidad, juntar ambas cosas solo con la fuerza augura más sufrimiento.
El gobierno de Piñera está políticamente muerto, le quedan dos años. Es probable que la oposición, muy desarticulada y dividida, le preste algo de ropa para cubrir su desnudez y la propia. No están en condiciones de jugar un papel alternativo y requieren de tiempo para ver si se les ocurre algo. Los restos de la Concertación, de la Nueva Mayoría que terminó con el último gobierno inepto de Bachelet así como el Frente Amplio, nacido del movimiento estudiantil, aparecen igualmente desorientados.
El problema es que el periodo de reformitas al margen del modelo para compensar socialmente la desigualdad se acabó. El modelo está estancado, es rígido, no reparte y enfrente la agenda del país cambió. Entre el Gobierno y la sociedad solo hay en este momento policías y militares, eso no puede durar. Hace falta valor político, consistencia y nuevas propuestas para salir del hoyo.
La respuesta oficial, luego de una serie de consultas con parte del arco político y en el marco de la convocatoria a una huelga general por los sindicatos, por 48 horas para este miércoles y jueves, son consideradas como una primera y tímida señal de reacción. Luego de cinco días de protestas y 17 muertos, Piñera anunció medidas que podrían llamarse de contención. De las ocho medidas anunciadas cinco tienen que ver con compensaciones y limitaciones de tarifas, como alza de pensiones básicas en un 20% así como del salario mínimo, limitación de alzas de tarifas y compensaciones por altos precios de medicamentos por ejemplo. En materia tributaria se anuncia un alza para los altos ingresos y una redistribución de fondos municipales entre comunas ricas y pobres, además de rebaja de altos sueldos de funcionarios y políticos. Todo llega tarde y poco. No dijo nada sobre el estado de emergencia, la represión y el mea culpa suena a hipocresía después de su belicosas declaraciones sobre las protestas.
La cuestión de fondo es que las demandas sociales son sistémicas: como pasar a un sistema de salud y educación como derechos y no como prestaciones mercantiles, lo mismo ocurre con las paupérrimas pensiones que son un sistema forzado y expropiatorio del ahorro individual. Nada sobre impuestos al capital, la regulación de los grupos económicos, la privatización del agua y los derechos sindicales, todas rémoras de la época dictatorial. Y el punto nodal: la Constitución, aunque retocada, sigue siendo la de la dictadura.
El presidente Piñera es uno de los más ricos de Chile y está entre los millonarios clasificados por Forbes, con una fortuna hecha bajo dictadura es parte del sistema y es muy difícil que ceda sobre lo esencial. Las 17 familias que controlan todo le deben estar tirando la oreja. Chile necesita repensar su modelo social y económico, más que parches. El modelo ha devastado ambiental y socialmente el país. Una apertura en esta materia junto con el restablecimiento de las libertades públicas son la salida real, cuánto costará acercarse a ella es la incógnita.
