Campesinos torturados, desaparecidos, heridos, asesinados o en el exilio. Todo eso es lo que están viviendo los nicaragüenses en el campo. Así lo denunciaron este miércoles en una sesión especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, Estados Unidos, el líder campesino Medardo Mairena, la defensora de derechos humanos Wendy Flores y el exfiscal y defensor de presos políticos, Boanerges Fornos.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, integrado por abogados defensores de derechos humanos exiliados en Costa Rica, el Movimiento Campesino y el grupo Acción Penal, integrado por exfiscales, se unieron para presentar un informe en la audiencia de la CIDH y denunciar que, en los últimos meses, 30 campesinos han sido asesinados en el país en circunstancias turbias y extrañas, sin que hasta ahora las autoridades den con los responsables de los crímenes.
La audiencia también fue para denunciar la represión, persecución, criminalización y judicialización a la población campesina, que ha sido, además, desplazada forzosamente, a raíz de la rebelión cívica que comenzó en abril de 2018 y que ha dejado más de 326 personas asesinadas, la mayoría a manos de la Policía y paramilitares, según organizaciones de derechos humanos.
"Entre enero y septiembre de 2019, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ monitoreó 30 casos (de asesinatos) de los cuales 22 ocurrieron en Jinotega, 3 estaban refugiados en Honduras y 1 en Costa Rica que según autoridades costarricenses fue abatido por militares del Ejército de Nicaragua", dice el informe que presentaron.
"Una característica común de las víctimas es que estaban vinculados a las protestas iniciadas en abril 2018 o tenían un reconocimiento político opositor. Como en el caso de Oliver Montenegro, asesinado el 23 de enero de este año en Jinotega, a quien le dejaron su rostro desfigurado a balazos y machetazos", precisa el informe.
"Según sus familiares –prosigue el informe leído ante los comisionados de la CIDH– en el acto hubo participación de policías combinados con paramilitares. Para agravar la situación de su familia, entre junio y julio, fueron asesinados su hermano Edgar Montenegro, su sobrino Yalmar Zeledón ambos en Honduras y su cuñado Francisco Blandón en Wiwilí".
#CIDHAudiencias #Nicaragua: Comisionada @totonia68, Relatora de País, transmitió la preocupación de la #CIDH sobre la situación de campesinos al interior del país y consultó a la sociedad civil sobre la existencia de algún patrón identificado en los asesinatos denunciados pic.twitter.com/knYYbGtEaS
— CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) September 25, 2019
Flores dijo ante los comisionados de la CIDH, que quienes han perpetrado los crímenes contra campesinos operaban en grupos de dos hasta 18 personas "como en el asesinato de Jesús Gregorio Montano, ocurrido el 14 de abril, que, según testigos, cerca de 18 paramilitares rodearon su propiedad y se lo llevaron, siendo luego encontrado con cuatro impactos de bala en su cuerpo y señas de tortura".
"Al revisar los hechos de los asesinatos, observamos que, en 28 casos, las víctimas presentaban heridas con armas de fuego, 5 heridas corto punzantes, 1 estrangulamiento, 2 con indicios de tortura", dijo Flores.
El informe detalla que las ejecuciones reflejan "una pequeña parte del horror que viven los campesinos" en Nicaragua y que los hechos "podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales y corresponden a un recrudecimiento de la represión y una estrategia utilizada para eliminar a la resistencia en el campo, con la participación de fuerzas paramilitares, justamente por la influencia que ejercían las víctimas en sus territorios".
"Todo este escenario de violencia y persecución ha provocado el exilio de campesinos, quienes han dejado sus fincas y formas de vida, ubicándose en su mayoría en territorio costarricense y viviendo en condiciones precarias", expresó el líder campesino Medardo Mairena, ex preso político de la dictadura Ortega-Murillo.
Según el informe presentado a la CIDH, el liderazgo del Movimiento Campesino fue objeto de persecución y represión indiscriminada por la dictadura.
"Una parte de ellos (fueron) detenidos ilegalmente por corto tiempo; otros apresados, torturados y sometidos a procesos judiciales arbitrarios como en los casos de Medardo Mairena, Pedro Mena, Víctor Díaz, Lener Fonseca, Ronald Henríquez y Fredy Navas, entre otros; otra parte tuvo que exiliarse para resguardar sus vidas y las de sus familias frente a las amenazas de muerte, como en los casos de Francisca Ramírez, Juana Juárez, Javier Carmona, Nemesio Mejía, Henry Ruiz, entre otros; mientras que otros que sufrieron lesiones por armas de fuego en los ataques de la operación limpieza como Juan Gabriel Mairena", expresaron en el informe.
Mairena pidió a la CIDH que exhorte al Estado a garantizar el derecho a la reunión pacífica, "expresión y asociación que han sido vulnerados a los campesinos y que requiera al Estado el cese de la persecución, represión y criminalización en contra del campesinado y solicite la realización de investigaciones que permitan la búsqueda de la justicia en estos casos de asesinatos, torturas, detenciones, allanamientos ilegales, lesiones y violencia sexual".
Las tres organizaciones también pidieron que se promueva una Fiscalía Especializada con acompañamiento y asesoría internacional que dirija los procesos "investigativos independientes e imparciales" sobre los crímenes contra campesinos y que insista con el Gobierno para que retorne al diálogo y permitir una salida pacífica a la actual crisis.
