Llevamos años sosteniendo que el Ejército es una de las condiciones más importantes para la estabilidad y la paz en Nicaragua. Sin embargo, observando cuidadosamente su comportamiento en el desarrollo de la crisis del país, cabe preguntarse si no habremos alcanzado ya el agotamiento estratégico de esa premisa. ¿Se terminó rápida y definitivamente el ciclo apartidista, garantista y constitucional de nuestra institución armada?
Hoy es imperativo preguntarse directamente si bajo el mando del general Julio César Avilés como Comandante en Jefe, el contrato político que imponía el apartidismo y apego a la Constitución de la institución castrense llegó definitivamente a su fin, o si todavía podemos apostar a que los intereses propios de la institución armada impongan una conducta diferente. ¿Cuáles serían los incentivos que pudieran estimular un cambio de actitud en el seno de la Comandancia General?
Volvamos la mirada atrás un momento. Desde la salida del general Humberto Ortega ordenada por la Presidenta Violeta Barrios, los jefes ulteriores desde Joaquín Cuadra hasta Omar Halleslevens, pasando por Javier Carrión, fueron construyendo el apartidismo de la institución castrense, como uno de los pilares de la transición política del país; como la ruta racional, para la construcción de un Ejército verdaderamente nacional y también como una medida de salvaguarda de la institución frente a la tentación siempre presente de querer convertirlo en un instrumento de poder personal del gobernante de turno.
Es justo reconocer que Humberto y su comandancia, un tanto a contracorriente, habían dado al final de los ochenta los pasos iniciales en esa dirección, pero esa orientación de distanciamiento o ruptura con la subordinación partidaria al FSLN rápidamente se desnaturalizó con la política personal de Humberto de cogobierno con Toño Lacayo. Dicho sea de paso esa fue la última coyuntura en que el Ejército estuvo involucrado de manera directa en todos los asuntos políticos relevantes del país.
La institución militar, una vez dotada de su propia ley (Ley 181 septiembre 1994) reforzada luego por las reformas Constitucionales del 95 y la salida de Humberto, fortaleció su “carácter nacional, profesional, apartidista, obediente y no deliberante” y así fue sorteando con profesionalismo y prudencia, toda clase de obstáculos y tentaciones derivadas de la política criolla. Por ello se logró entonces perfilar -y así lo decían las encuestas- como la institución mejor reconocida por la población.
Con el retorno de Ortega al ejecutivo todo cambió. Este introdujo progresiva pero agresivamente reformas al Ejército, que enumeraremos brevemente:
Pero no solo la institución tiene este perfil, el régimen ha favorecido los negocios privados de los altos oficiales en servicio y en retiro.
He hecho referencia a lo anterior para que el lector tenga presente algunos de los factores y causas inmediatas subyacentes que ayudan a entender la inverosímil actitud del cuerpo armado del Estado en la actual crisis, así como la aparente pérdida total de sus sentidos: no ve, no escucha, no habla.
Más grave que lo anterior podría ser el siguiente escenario: en el contexto de la generalizada violación de la Constitución; del atropello a los derechos humanos de la población; del estado de indefensión en que han dejado al soberano —el pueblo— frente a policías y paramilitares que se exhiben inescrupulosamente como un nuevo cuerpo armado, usando armas de guerra y con confeso entrenamiento en tácticas militares; en fin, constatando el proceso de vulgar y cruel transgresión hacia la misma Patria Azul y Blanco que los soldados juraron defender con su vida, bien podría decirse o pensarse que a lo largo de estos meses hemos asistido a la rendición del Ejercito.
Y sin embargo, lo paradójico es que en esta Nicaragua, contrariamente a lo que fue la Guardia Nacional para los Somoza, Ortega no necesita al Ejército para reprimir y aplastar la protesta popular. Ortega cuenta con una Policía cegada incondicionalmente que le resulta suficiente para las labores represivas. Tanto más cuando los autoconvocados han decidido luchar solo por medios pacíficos. Desde esa perspectiva —salvo algunas tareas de inteligencia— el Ejército y en particular sus mandos, son incluso prescindibles para el poder del déspota en el teatro de operaciones de la confrontación con una ciudadanía desarmada.
Pero si para la dictadura puede ser prescindible, para modificar la correlación de fuerzas en favor de la resistencia popular y la democracia, el Ejército es esencial. La resistencia autoconvocada heroica no será suficiente para las transformaciones que busca, si no cuenta con una alianza con la fuerza del Ejército. Ignorarlo sería una ingenuidad.
El Ejército, por su parte, debería tener presente que de perpetuarse esta situación caótica de represión, sin ley ni derechos, los miembros de la institución militar también están amenazados. ¿Quién garantiza que oficiales del Ejército, sus bienes y familias estén a resguardo de la represión y el abuso? ¿Quién garantiza que mañana no puedan ser arrestados y acusados de conspiración, terrorismo, tenencia ilegal de armas o cualquier otro invento?
Cabe preguntarse si los altos militares en el marco de la correlación de fuerzas internas tendrán la capacidad de reacción autónoma frente al poder absoluto de Ortega o si como parece ser, tanto dentro como fuera de la institución, los altos oficiales dependen para su presente y futuro de la lectura que se haga desde El Carmen de su “lealtad” al Presidente
Desde luego no es este el espacio para examinar cómo puede intervenir el Ejército en favor del pueblo. Solo digamos que los militares saben muy bien que: “el arte operativo de la guerra consiste en emplear las fuerzas adecuadas, en el lugar adecuado, en el momento adecuado” (Clausewitz).
Hoy el verdadero desafío para el Ejército no consiste en preservar la institución armada y los privilegios personales de algunos de sus jefes, incluso al precio de una confabulación con la dictadura criminal. El reto del Ejército consiste en evitar su propia rendición, situándose del lado de la patria, sobreponiéndose a los intereses personales y las maniobras de Ortega. Hoy habrá que proceder de manera similar a la pasada transición en la que fue necesaria la ruptura de las fuerzas armadas con la subordinación partidaria, hoy es necesaria su clara separación del régimen; ello para conseguir el mismo objetivo: salvar la nación y salvaguardar al Ejército.
El desafío militar consiste en evitar la debacle económica y política que amenaza arrasar con civiles y militares. Contribuir a restablecer la Constitución y la paz. Sin más derramamiento de sangre y sin confrontación armada. Es la mejor guerra que hoy puede contribuir a ganar nuestro Ejército. Es a estos mandos, la última generación de oficiales surgidos de la lucha contra la dictadura somocista, a quienes corresponde el desafío de hacer uso adecuado del factor militar para, junto al pueblo, ponerle fin a la nueva dictadura.
*Politólgo
