La autoamnistía que se recetó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con la aprobación exprés de su aplanadora en la Asamblea Nacional, no hará “borrón y cuenta nueva” sobre las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, sostiene la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia.
La defensora de los derechos humanos estima que, lejos del objetivo de la dictadura para proteger a los perpetradores de su matanza, las autoamnistías están prohibidas en el derecho internacional, y por lo mismo Ortega, Murillo y sus cómplices no escaparán de la justicia internacional ni de las sanciones de la comunidad internacional de las que considera “se ha hecho merecedor el Gobierno de Ortega”.
“Si algún efecto va a tener precisamente esta ley, va a ser que la impunidad continúe”, alertó Núñez. Sin embargo, considera la misma solo “durará mientras Ortega permanezca en el poder y no se cambien las instituciones”.
Además, Núñez destaca la urgencia de la integración de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Nicaragua (Cicin), similar a la Cicig de Guatemala o a la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción de Honduras (Maccih).
En el caso de Nicaragua, explica, esta Cicin debería integrarse con expertos internacionales e instituciones judiciales nacionales que deben renovarse con honestidad e independencia, a fin de investigar las responsabilidades penales de la matanza y darle curso ante la justicia internacional.
Núñez reiteró que la autoamnistía no puede proteger a los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, mismas que el Cenidh conoce de primera mano, por su papel como acompañante de las víctimas de la represión orteguista contra las protestas ciudadanas de la Rebelión de Abril, a lo que la dictadura respondió anulando su personalidad jurídica y confiscando sus instalaciones en diciembre de 2018.
“Es un esfuerzo desesperado de la dictadura para buscar cómo callar todos los reclamos y ver si detiene la ola de demandas y sanciones que se le vienen pronto encima”, calificó la defensora en entrevista con Carlos F. Chamorro, en el programa Esta Semana.
Nuñez coincidió con las advertencias ya hechas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, al asegurar que “una ley de amnistía no puede de ninguna manera eliminar la responsabilidad de aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, porque de acuerdo con el derecho internacional estos no se pueden amnistiar”.
A finales de diciembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un amplio y detallado informe final sobre su labor entre abril y mayo de 2018, durante los primeros meses de la represión, confirmando que el Gobierno de Ortega cometió crímenes de lesa humanidad por los cuales debe ser investigado para su proceso ante la justicia internacional.
Núñez recordó que esos crímenes de lesa humanidad de la dictadura son imprescriptibles. “Aunque Daniel Ortega se tardara en salir del país o se tardara la justicia internacional en sentarlo en el banquillo que se merece, que es el banquillo de los acusados frente a los jueces internacionales, él siempre tendrá responsabilidad penal hasta que se muera”, advirtió.
El Gobierno intenta justificar la aprobación de su autoamnistía bajo el compromiso de liberar a los presos políticos que aún permanecen en las cárceles de la dictadura y conceder la libertad plena a los ya excarcelados, que continúan como rehenes políticos bajo régimen de convivencia familiar o casa por cárcel.
Sin embargo, ese mismo compromiso el Gobierno ya lo había roto, incumpliendo los acuerdos que firmó con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a finales de marzo, con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Vaticano como testigos.
El artículo uno de la ahora Ley 996, establece que “la amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias”, por lo tanto todas serían liberadas a partir de la entrada en vigencia de la ley, con su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Sin embargo, Núñez alerta que el artículo tres de la misma ley prohíbe la participación de los presos políticos en cualquier actividad relacionada a los delitos por los cuales fueron procesados o sujetos de investigación, citando el principio de “no repetición”.
Esta condición, en el lenguaje del Gobierno, inhibiría a presos políticos y ciudadanos de participar en cualquier manifestación contra el Gobierno, porque el oficialismo califica estas como acciones del supuesto intento fallido de un “golpe de Estado”.
Núñez sostiene que este artículo tres “es inconstitucional”, porque no se puede prohibir el ejercicio de los derechos políticos, que la dictadura ya mantiene conculcados con el Estado de sitio de facto establecido desde finales de septiembre, cuando ordenó prohibir las manifestaciones y concentraciones ciudadanas.
El restablecimiento de estos derechos y libertades constitucionales, entre ellos la movilización, concentración pacífica, libertad expresión y de prensa, son también parte de los acuerdos en la mesa de negociación, que el Gobierno tampoco cumple.
“Todos vivimos en un Estado de sitio… No va a desaparecer el hostigamiento, por el espionaje perverso de la dictadura”, vaticinó la defensora de derechos humanos.
Además, consideró que el Gobierno “manosea” en ese artículo el término de la “no repetición”, pues este principio de la justicia transicional “es aplicable a ellos”, como responsables de la matanza, “y no a las víctimas” como intenta hacer ver la dictadura.
