Los asesinatos de la brasileña Marielle Franco (marzo de 2018) y de la hondureña Berta Cáceres (marzo de 2016) fueron crímenes políticos, algo en lo que coinciden movimientos, partidos de izquierda e intelectuales progresistas. Ambas eran mujeres de abajo y del color de la tierra, feministas que resistían el patriarcado y el capitalismo. Con toda razón se achacaron sus crímenes a la alianza entre empresas multinacionales, gobiernos y milicias paramilitares, que en cada país adquiere formas distintas, pero siempre favorecen al 1 por ciento más poderoso.
La vida del campesino náhuatl Samir Flores tenía muchas similitudes con las de Berta y Marielle: nació abajo y resistió el capitalismo neoliberal que en su tierra (Amilcingo, Morelos) se concreta en grandes obras de infraestructura, igual que en Honduras, donde Berta resistió un proyecto hidroeléctrico para el desarrollo del país. Tres personas que vivieron y murieron de pie, defendiendo la dignidad de sus pueblos convertidos en obstáculo para la acumulación de capital.
Siendo los contextos de los crímenes tan similares, debe entenderse porqué académicos y profesionales que se dicen progresistas, establecen diferencias y exigen no politizar el asesinato de Samir, al que consideran además una cuestión policial. Tres crímenes de Estado, como los de Ayotzinapa, de los cuales siempre hemos responsabilizado a los gobiernos en turno.
Lo único que justificaría un tratamiento diferente es que en Brasil y Honduras se trata de gobiernos de derecha, acusados de complicidad con los crímenes, mientras en México el discurso progresista del actual gobierno (que no sus acciones), lo exculparían de cualquier responsabilidad. A mi modo de ver, estamos ante un argumento mezquino y pobre.
Es evidente que los discursos y las palabras no pueden modificar los hechos y, sobre todo, no tiene sentido aplicar raseros diferentes a situaciones similares. Si Ayotzinapa fue responsabilidad del gobierno de Peña Nieto, si Marielle y Berta fueron responsabilidad de sus respectivos gobiernos, no hay modo de eludir la responsabilidad del asesinato de Samir.
Por ese camino se llega a un extravío de difícil retorno, lindero con la aberración. El mayor desatino de las izquierdas del continente se llama, por ahora, Nicaragua. Daniel Ortega no pierde oportunidad de mentar su supuesto antimperialismo, mientras su gobierno, según reciente informe de Amnistía Internacional, sigue instaurando un ambiente de terror, donde cualquier intento por ejercer la libertad de expresión y el derecho a reunión pacífica es castigado con represión.
La comandante sandinista Mónica Baltodano denuncia las penosas condiciones carcelarias de los presos, enfermos por el consumo de aguas putrefactas y condiciones sanitarias lamentables. Según Baltodano, nunca hubo tal cantidad de presos en Nicaragua, que sufren peores condiciones que los presos de Somoza como lo fue ella misma.
En Nicaragua se tortura a los detenidos con los métodos salvajes de las dictaduras. Pero buena parte de la izquierda sigue apoyando al régimen neosomocista de Ortega, incluyendo algunos intelectuales. En este periodo incierto de decadencia imperial y de las izquierdas, las palabras no valen nada o, parafraseando al poeta, ciertas voces valen menos, mucho menos que el orín de los perros.
Se ha convertido en norma que las palabras enmascaren realidades que se pretenden ocultar, porque resulta incómodo aceptarlas.
El progresismo es, en primer lugar, una construcción discursiva. Solamente discursiva porque no produce cambios estructurales. La clave de cualquier transformación verdadera no es otra que el poder popular, las decisiones que emanan de los de abajo, no las políticas de arriba, por más revolucionarias que se digan. Este punto es tan decisivo, que podría incluso definirse revolución no por la toma del poder, sino por la organización masiva de los de abajo, del modo que decidan.
En segundo lugar, el centro del conflicto del progresismo es contra los pueblos y no contra el capital y las derechas, como pretenden los intelectuales progres. Este punto es nodal y es el que permite establecer diferencias entre los progresismos (acomodados a la relación de fuerzas heredadas y limitados a gestionar lo existente) y otros procesos que, mal que bien, pretenden superar el estado actual de las cosas.
Los enemigos que ataca el progresismo, son el pueblo mapuche (al que se le aplicó la ley antiterrorista), los movimientos de junio de 2013 en Brasil, y los pueblos originarios, en general y ahora los de México en particular, entre los más evidentes.
La brújula que se perdió es la ética. Que no se recupera con discursos sino escuchando a los pueblos, aceptando sus decisiones colectivas que, nunca en cinco siglos, pudieron ser encajonadas en envases institucionales. Lo demás es verborrea hueca que sólo pretende amparar a los de arriba ninguneando a los pueblos.
*Publicado originalmente en La Jornada, de México.
