La Justicia pone el foco sobre las obras que se llevaron en el estadio de la Cartuja para poder acoger cuatro partidos de la Eurocopa de 2020 , que se celebró un año después por motivo de la pandemia del coronavirus, lo que hizo desistir a Bilbao de ser la sede española de este evento futbolístico de relevancia mundial. Aquellas obras fueron dadas a dedo por la Real Federación Española de Fútbol , entonces presidida por Luis Rubiales, a la constructora Gruconsa, hasta el punto de que arrancaron los trabajos sin que mediara un contrato. Así se expone en el último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en el auto de la juez de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda, donde se imputa a José María Arrabal, quien fuera secretario general de Deportes en los gobiernos del PP en la Junta de Andalucía y expresidente del consejo de Administración de la sociedad Estadio Cartuja Sevilla SA (Ecssa), y Daniel Oviedo, actual director-gerente del recinto deportivo. La gerencia de Eccsa, según precisa a ABC la Consejería de Patricia del Pozo , es una figura elegida por las instituciones representadas en el Consejo de Administración de la sociedad: Patrimonio del Estado, Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla, entre ellas. Desde la Junta de Andalucía se mantiene una posición de plena colaboración con la autoridad judicial. Es, por tanto, el Consejo de Administración de la sociedad y no la Junta el que decide nombramientos y ceses. Este periódico ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la sociedad pública. Esta causa, que tiene su origen en las comisiones derivadas de las negociaciones entre el equipo de Luis Rubiales en la Federación y Arabia Saudí para celebrar allí la Supercopa de España, se centra ahora en las presuntas irregularidades en la gestión de las obras que se realizaron en el estadio sevillano de cara a los cuatro partidos de la Eurocopa que acogió la capital en sustitución de Bilbao en el verano de 2021. El hilo conector entre ambos episodios está en la relación entre el ente federativo y la constructor Gruconsa. Precisamente, el objetivo de los investigadores de la Guardia Civil en el último informe, en el que se basa la juez en su auto de finales de febrero, está en exponer las presuntas irregularidades de la contratación de Gruconsa por parte de la Federación y Eccsa «bajo la intermediación del ente federativo». «Estas conductas pudieran haber derivado en la entrega de contraprestaciones a personal de la Federación y terceros vinculados a ésta», según la UCO, en cuyo informe también analiza obras en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas y la facturación de las empresas implicadas. Del convenio firmado entre Federación y Junta de Andalucía para la disputa de la Copa del Rey desde 2020 hasta 2023 confería al equipo de Rubiales la facultad para contratar directamente a los proveedores de bienes y servicios para dichos encuentros. Ahí empezó la relación de Gruconsa con el estadio sevillano, según la UCO. También existe otro convenio para la celebración de la Supercopa de España de la tempora 20/21 en Andalucía. Para entonces la Federación contrató a Gruconsa. Fue antes que esta competición se marchara a tierras árabes de la mano de Piqué y Rubiales. Sin embargo, lo que generó beneficios a la constructora investigada fue la celebración de la Eurocopa en Sevilla , que es lo que más ocupa el atestado de la UCO. La UEFA decidió el 23 de abril de 2021 la elección de la capital andaluza en sustitución de Bilbao como sede española de la Eurocopa. El 7 de mayo el Consejo de Administración del estadio suscribió un convenio con la RFEF, en su carácter de representante de la UEFA, en materia de asistencia técnica y asesoramiento en la contratación de expedientes vinculados al contrato firmado con la organización europea. Ese mismo 7 de mayo, José María Arrabal, como presidente de dicho consejo de administración, firmó un documento en el que se detallaban los motivos para la iniciación de diferentes expedientes de contratación de obras vinculados tanto al convenio de asistencia técnica y asesoramiento firmado con la RFEF, como a la subvención de más de cuatro millones recibida de la Junta, según expone la juez en su auto, al que ha tenido acceso este periódico. Eran quince obras de adecuación y adaptación de las instalaciones y veintinueve servicios y suministros operativos para la celebración del evento. Pero ante la insuficiencia de medios de la sociedad gestora del estadio, se reconoció la necesidad de recurrir por concurso a empresas del sector que pudieran garantizar la correcta ejecución de las actuaciones. De todos estos expedientes, dos resultan de especial interés para la investigación por haber sido adjudicados a Gruconsa, eran las obras de mejoras de los sistemas de control de accesos e iluminación , que tendrían un coste de casi 2,5 millones de euros , «todo ello como consecuencia de sus relaciones con la RFEF». Y exponen tanto la juez como la UCO que «los trabajos fueron iniciados por parte de Gruconsa sin que hubiera mediado ningún tipo de contrato entre la constructora y la Federación o la sociedad gestora del estadio». La OCU precisa que la responsabilidad de las obras era de la RFEF, aunque en repetidas ocasiones se imputaba dicha responsabilidad a la empresa pública. No obstante, al no tener ésta capacidad para licitar los trabajos en tiempo y forma, desde la RFEF «se trató de desvincular» las adecuaciones de la Eurocopa con el objetivo de enmarcarlas en el Convenio de Selecciones (Firmado entre la Federación y la Junta para que la Cartuja acogiese diez partidos de España en cuatro años a razón de 750.000 euros la temporada) y así poder justificar la asunción del gasto en primera instancia, y la restitución del mismo por parte de la sociedad pública mediante la cesión del 10% del taquillaje de los partidos correspondientes a dicho convenio. En base al atestado de la UCO, la juez señala la participación en los hechos de Arrabal y Oviedo, en calidad de presidente y gerente de Estadio Cartuja Sevilla, que contribuyeron en las relaciones establecidas entre la RFEF y Gruconsa para la adecuación del estadio a distintas competiciones deportivas, comenzando con ediciones de la Copa del Rey y la Supercopa de España, y finalizando con la reforma del estadio sevillano para el cumplimiento de los requisitos para su asignación como sede de la fase final de la Eurocopa. «En relación con esta última, se ha podido observar una participación directa de los mismos», con la firma de convenios y documentos. El 5 de marzo, el delegado de la constructora en la Zona Sur contactó con Arrabal a través de la RFEF, y comentaron la posibilidad de que la sede de la Eurocopa se trasladase de Bilbao a Sevilla, desarrollándose una primera reunión entre la constructora y Arrabal siete días después en Málaga. «Durante la misma se presentó el presupuesto de inversión disponible, comunicándose a Gruconsa que no se disponía del tiempo suficiente para organizar, en forma y plazo adecuados, el correspondiente concurso de licitación para las obras en el sistema de tornos e iluminación, siendo necesario buscar una solución conjunta con la RFEF para no perder, «bajo ningún concepto» , según Arrabal, la posibilidad de celebrar los partidos de la Eurocopa en la Cartuja. Tras el último atestado de la UCO, la juez accede a la petición de los investigadores de analizar todas las cuentas bancarias de Arrabal y Oviedo con el fin de esclarecer de dónde salen los fondos para que los dos, juntos a sus esposas, adquiriesen en fechas posteriores a los hechos investigados dos pisos. El primero en Málaga y el segundo en Sevilla. Aunque en ambos casos con hipotecas. Arrabal antes de acceder a la Junta estuvo trabajando para la Liga, el Real Madrid , el Málaga o la NBA en España.