Sólo 24 horas después de la detención de cinco de los implicados en el pelotazo urbanístico relacionado con la parcela del Higuerón, entre ellos el propio Rafael Pineda y su esposa Olga Pérez Jiménez, el gobierno de José Luis Sanz ha comparecido públicamente para insistir en que Emvisesa es «la principal perjudicada» en este caso que investiga el Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla. Unas declaraciones que ha realizado ante los medios de comunicación el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, también máximo responsable de la empresa municipal de la vivienda, y en la que ha puesto el foco en la adjudicación de estos terrenos en 2017. En este sentido, ha señalado que «era el PSOE el que gobernaba en Sevilla en aquellos años», en los que «Juan Espadas era el alcalde de la ciudad y en esa comisión ejecutiva estaban Carmen Castreño, Juan Manuel Flores y Antonio Muñoz». Por eso, «yo estaría muy preocupado si fuese el que hubiera estado sentado en aquella mesa cuando se produjo el secuestro de esta parcela», que fue «blindada» por los socialistas cuando se le adjudicó a la mujer de Rafael Pineda, a través de la empresa Higuerón Real Estate, el 8 de febrero de 2017. «Ese contrato marca toda la evolución posterior que supone un lastre para los intentos de venta y que causó un grave perjuicio a Emvisesa», ha dicho. De la Rosa ha mostrado «toda la tranquilidad» del gobierno municipal ante «la situación que estamos viviendo». Al respecto, ha insistido en que «desde el minuto 1 que se destapó el caso Pineda en septiembre de 2025, nosotros hemos mostrado toda nuestra colaboración con la Justicia». De hecho, ha recordado que «el 20 de octubre solicitamos personarnos en la causa, lo que fue aceptado» y que «en noviembre de 2025, Emvisesa despidió de forma fulminante al trabajador investigado (y también detenido ayer) después de un periodo de audiencia en el que no pudo justificar los hechos». También «hemos iniciado una auditoría de todas las operaciones comerciales de Emvisesa en los últimos ocho años que sigue estando en marcha». El delegado de Urbanismo ha insistido también en que, como ya anunció el alcalde el pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento de Sevilla solicitó una reunión con los responsables de la empresa Burger King para abordar este caso y, si fuese posible, solicitar la reversión de la venta de esta parcela que se llevó a cabo en 2024 por 1,7 millones de euros a la empresa Higuerón Real Estate, que la vendió sólo cinco meses después por el doble de dinero. «Las llamadas nunca fueron atendidas por Burger King. Luego les presentamos dos denuncias en sus canales éticos y guardaron silencio. En diciembre, enviamos dos burofax que sí respondieron y en los que dijeron ser ajenos a esta situación». Con todo, «esta falta de colaboración de Burger King hace que sea inviable la reversión de la venta de la parcela». De la Rosa ha informado de que, el pasado 5 de febrero, el Ayuntamiento de Sevilla recibió una notificación de la admisión de una providencia de un recurso de Pineda donde se pedía que Emvisesa se apartase del caso. Contra esta decisión, «nosotros presentamos un escrito el 12 de febrero en el que les recordábamos todos los antecedentes, justificábamos que Emvisesa tiene que personarse en el caso, y solicitamos que se investigue de forma clara el contrato de arrendamiento de larga duración que se firma el 8 de febrero de 2017 con la empresa Higuerón Real Estate, que es el origen de esa parcela secuestrada y blindada por el PSOE en estos años». A partir de ahí, «es algo bochornoso que haya cinco detenidos por este caso, entre ellos uno que fue concejal del Ayuntamiento y otro que fue trabajador de Emvisesa y al que despedimos en el primer momento que tuvimos conocimiento de que, al parecer, se había llevado 78.000 euros en esta operación».
