La proposición de ley registrada por Vox en el Congreso de los Diputados para prohibir «la utilización en el espacio público de los velos denominados niqab o burka», que se aborda este martes en la cámara y que contará con el apoyo del Partido Popular (PP) , ha reabierto el debate en España sobre la utilización de este tipo de prendas propias de países musulmanes. Sin embargo, el asunto lleva más de una década siendo motivo de discusión en Europa. Desde el año 2011 en Francia está prohibido el uso del velo integral femenino en el ámbito público. Concretamente, el veto se refiere al uso del niqab y el burka , al igual que la propuesta de Vox, aunque unos cuantos años más tarde, en 2023, las autoridades francesas también limitaron el uso del abaya, una túnica amplia que cubre el cuerpo de la mujer de la cabeza a los pies, en las escuelas públicas. Bélgica es otro de los países pioneros de la Unión Europea en legislar sobre el asunto. También en el año 2011 se dio luz verde a la prohibición del velo integral en lugares públicos, en su caso bajo el argumento de que se trataba de una vestimenta «incompatible con la seguridad más elemental», dado que podría dificultar la identificación de cualquier persona. Por su parte, en Bulgaria se prohíbe el uso de estas prendas en lugares públicos, escuelas e instituciones gubernamentales desde 2016. Desde el año 2017, Austria prohíbe también el uso del velo en espacios públicos; y desde finales de 2025 lo limita también en menores de 14 años en colegios con el fin de «proteger a los menores de la represión» que estos pueden llegar a sufrir por cuestiones religiosas o culturales. Un poco más tarde, en 2018, fue Dinamarca quien aprobó una proposición de ley para prohibir el uso en lugares públicos del burka y el niqab. Además, en diciembre de 2025, el Gobierno danés anunció su intención de ampliar el veto a las escuelas y universidades del país. En 2021, Suiza sometió la cuestión a referéndum, saliendo adelante con el 52% de los votos la prohibición del velo integral en cualquier lugar público, quedando reservado únicamente para los lugares de culto. Posteriomente se tramitó como ley y entró en vigor el 1 de enero de 2025. Alemania , por su parte, ciñe desde 2017 la prohibición de estas prendas a tres categorías profesionales: militares, funcionarias y juezas; mientras que Países Bajos limita desde 2019 el uso en lugares concretos como instituciones, escuelas, edificios públicos, hospitales o transporte público. En otros países como Portugal o Italia ya se han dado pasos legislativos para abordar el asunto.