La exconsejera de la Generalitat Valenciana responsable de emergencias Salomé Pradas ha vuelto a remitir un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para criticar que la juez que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 está prolongando «artificialmente» la instrucción llamando a declarar como testigo a «todo aquel que haya tenido el más mínimo contacto con los hechos», al tiempo que ignora cualquier otra vía que contradiga su «tesis preestablecida»: la «desidia o inactividad de los investigados y el retraso en enviar los ES-Alert». La defensa de Pradas -investigada en la causa penal junto a su entonces 'número dos', Emilio Argüeso- ya elevó una queja en mayo al órgano de gobierno de los jueces en las que criticaba la «falta de imparcialidad» de Nuria Ruiz Tobarra e incluso pedía que se investigara la supuesta intromisión de su marido, también juez, en el procedimiento abierto en un juzgado de Catarroja por las 230 muertes que provocó al catástrofe en la provincia de Valencia. Ahora amplía de nuevo su denuncia -y lo hizo en otras dos ocasiones alegando «indefensión»- en un escrito consultado por ABC en el que pide que se dé un impulso a las diligencias informativas abiertas en el seno del CGPJ, se resuelvan de una vez por todas sus denuncias y adopte «las medidas necesarias» para garantizar que la instrucción de Tobarra -que, a su parecer, es constitutiva de «responsabilidad disciplinaria» por faltas graves- «se ajuste a los principios de imparcialidad, celeridad y justicia». Pradas apunta a la instructora por, a su juicio, la «visión sesgada» y «bajo prejuicios» con la que está investigando lo ocurrido. «Mientras se practican diligencias que arrojan luz sobre la inocencia o la atenuación de responsabilidad de mi mandante, la instructora mantiene sus criterios iniciales sin el menor rubor, como si las diligencias de prueba que se van practicando, no existieran», cuestiona. Se refiere también a la «extrema dureza» de las resoluciones que dicta y cita una de ellas, cuyo único «objeto fáctico» asegura que era responder a la intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Para la defensa de la imputada, la juez ha adoptado una «tesis de culpabilidad prematura» con «juicios de valor lapidarios, la filtración sistemática de actuaciones que genera un juicio paralelo lesivo para la reputación de la investigada, y una actitud hostil hacia los informes de la Policía Judicial que contradicen su visión de los hechos, lo que en conjunto supone un ejercicio desequilibrado de la función jurisdiccional en una causa de gran trascendencia social».
