El real decreto anunciado por el Gobierno para regularizar a medio millar de inmigrantes en España tiene que ajustarse a la ley de extranjería del año 2000, pues cualquier desarrollo reglamentario al margen de esta norma, que además tiene el rango de orgánica, abocaría a su nulidad. Así lo aseguran los juristas consultados por este periódico, que, si bien consideran perfectamente válido el instrumento por el que ha optado el Gobierno para llevar a cabo esta regularización, el real decreto que utilizaron antes otros gobiernos (Zapatero, Aznar y Felipe González), sí se muestran muy tajantes acerca de las limitaciones que rigen en el desarrollo de esta iniciativa. El núcleo del debate es, por tanto, la compatibilidad de una regularización por...
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