En Castilla-La Mancha, la entrada en vigor de la nueva estructura judicial prevista en la Ley de Eficiencia de la Justicia ha comenzado envuelta en incertidumbre, desconcierto y una preocupación compartida por los jurídicos, que la reforma, al menos a corto plazo, ralentice aún más el funcionamiento de los juzgados. Desde el Colegio de Procuradores de Toledo, su decano, José Luis Corrochano Vallejo, destaca en primer lugar «el esfuerzo sobrehumano» que están realizando los letrados de la Administración de Justicia y los responsables y el personal de las oficinas judiciales para implantar el nuevo modelo en un plazo muy reducido. Un cambio que como explica no es menor, pues la desaparición de los juzgados unipersonales y su integración en tribunales de instancia exige una transformación completa en la forma de trabajar y de tramitar . Ese proceso, advierte Corrochano, tendrá consecuencias inmediatas. «A corto plazo se va a producir una paralización de la justicia uno o dos meses», señala, al tener que redistribuirse los asuntos y ponerse al día funcionarios que ahora gestionan procedimientos que antes no eran de su competencia. Una situación que puede agravar la sobrecarga de partidos judiciales ya tensionados por la falta de jueces, de funcionarios y de instalaciones. La advertencia es clara, sin refuerzo de personal, de medios tecnológicos y de presupuesto real, la reforma corre el riesgo de quedarse en una buena idea mal ejecutada. Una visión similar comparte el presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Ángel Cervantes, quien alerta de que el cambio se está viviendo como una «operación de maquillaje» si no viene acompañado de recursos. Cervantes subraya el desconcierto generalizado entre funcionarios, abogados, procuradores e incluso fuerzas de seguridad, provocado, explica, por la falta de información y de planificación previa. «La reforma tiene mucho calado y afecta de verdad a la estructura judicial», señala, pero con los mismos medios humanos y técnicos «llamar tribunal de instancia a lo que antes era un juzgado, no soluciona nada» . Al contrario, teme que este cambio organizativo termine «lastrando aún más la rueda de la justicia», ya de por sí lenta. La ley ha cambiado ya la forma en la que se organiza y funciona la Justicia, entrando en juego la gestión del personal, los espacios, la señalética y la atención al ciudadano, que es justo donde están surgiendo los problemas prácticos , aunque el texto nace con el objetivo de evitar colapsos en unos juzgados mientras otros están infrautilizados. Así, ambas voces de Castilla-La Mancha, donde las competencias de la Administración de Justicia dependen del Gobierno central y no del autonómico, coinciden en que la clave no está en el diseño teórico de la ley, sino en su aplicación práctica. Y es que la reforma puede funcionar a medio y largo plazo, pero solo si se acompaña de inversiones sostenidas y de una transición ordenada . De lo contrario, el arranque de los tribunales de instancia en Castilla-La Mancha amenaza con sumar más retrasos a un sistema judicial que ya trabaja al límite.
